En los años más difíciles del conflicto armado en Colombia, el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo con más de 333.000 hectáreas y con la que la mitad del país se abastece de agua, se convirtió en una de las guaridas de la extinta guerrilla de las Farc y en una convulsionada zona donde los enfrentamientos entre ese grupo armado y el Ejército Nacional estaban al orden del día que tuvieron consecuencias como la siembra de minas antipersonales. No obstante, y gracias al acuerdo de paz, este flagelo ya no afecta a esta zona rural de la capital de la República.
Así lo aseguraron desde la Alcaldía Mayor de Bogotá durante un evento con la comunidad que habita en parte de ese ecosistema que también se comparte con los departamentos del Tolima, Boyacá y Meta, y donde, de acuerdo con datos del mismo gobierno, se tiene un reporte de 30 víctimas por estos artefactos explosivos de uso no convencional y cuyo uso es condenado dentro del Derecho Internacional Humanitario.
“La decisión de tiempo atrás, por la responsabilidad que le corresponde al Estado colombiano de dar respuesta a esta delicada y grave situación, es el resultado que hoy vive la ciudad (y que cuenta) con un bello páramo en el que podemos transitar los campesinos y los habitantes de la ciudad sin el temor a pisar una mina que genere afecciones en nuestra vida e integridad personal”, expresó Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz.
El funcionario recordó que este proceso se dio gracias a la voluntad del Distrito que ha tenido en cuenta la historia de violencia que padeció este territorio.
“Es un momento entonces oportuno para decir nuevamente que el compromiso que asumió la alcaldía de Bogotá, a través de su alcaldesa Claudia López, ha sido muy importante porque se basa en la implementación del acuerdo suscrito con las Farc”, agregó.
En los datos del Estado colombiano, se tiene que en el país entre 1990 y 2017 hubo 11.479 personas víctimas de minas antipersonal. Por lo que este proceso de rastreo de estos artefactos, como en el caso de Sumapaz, ha sido determinante.
Por esta razón, durante un año, y con el apoyo también de la oficina del Alto Comisionado para la Paz en Cundinamarca se logró esta declaratoria con la que se busca consolidar el cese de la violencia en Colombia.
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