“Tarde que temprano aparece la justicia privada”: la advertencia de Álvaro Uribe ante la invasión de tierras

El expresidente Álvaro Uribe le hizo una advertencia al Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, respecto a la invasión de predios que se han presentado en los últimos meses en el país. Aseguró que si no se toman decisiones, podría escalarse a un violento conflicto por parte de organizaciones alzadas en armas.

“No se ejerce autoridad frente a las invasiones y tarde que temprano aparece la justicia privada y es peor. En síntesis nosotros comprendemos la propuesta del presidente Petro, de resolver unos problemas de tierra, urbana y rural, pero eso no puede ser al costo de permitir unas invasiones que generen de nuevo sangre a manos de justicia privada y no puede ser a costo de atemorizar los sectores productivos del campo”, sostuvo el exmandatario.

El jefe natural del Centro Democrático se pronunció frente a al problemática desde el Foro de la Regiones del partido en el departamento de Risaralda, que calificó como “epicentro de invasión de propiedad estatal y de propiedad privada”. Sin embargo, allí se ha producido la invasión de predios que entre otras tienen contrato de comodato desde la Agencia Nacional de Tierras y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC.

“Nosotros aceptamos que el presidente Petro tiene que resolver problemas campesinos, que tiene que adquirir unas tierras, que tiene que resolver problemas de vivienda y de posibilidades de producción agropecuaria. Ya hay unas tierras de extinción de dominio y que tiene que comprar otras. Qué pedimos: que eso no afecte la propiedad privada y no estimule el camino de la violencia que es el camino de la invasión”, sostuvo el expresidente.

Uribe señaló que se debe adelantar la compra de tierras para solucionar las problemáticas de las poblaciones indígenas y campesinas, pero que debe tener un límite para que no se sobre oferte, según él, todo el territorio nacional y se ahuyente al empresariado del campo

“Este país ha sufrido mucho por las armas en manos de ilegales, que guerrillas y paramilitares. Por eso nosotros creemos que la colaboración ciudadana a la fuerza pública, si van a poner jóvenes en eso, tiene que ser desarmada. No puede ser que este país durante tantos años esté pidiendo que se consolide el monopolio oficial de las armas y vamos a tener unos grupos privados armados que se sumen a los que hay. Para llegar a esa situación difícil hay dos caminos: el camino de tener una guardia campesina armada y el camino de no ejercer autoridad frente a las invasiones”, puntualizó.

Sus declaraciones han despertado también rechazo por parte de miembros de la bancada de gobierno, como el senador Ariel Ávila. “El expresidiario habla de que “aparece justicia privada” será que hace referencia a escuadrones de la muerte. Además, muy descarado este ex presidiario que durante su gobierno legalizó el despojo de tierras con la ley 1182 de 2008. Cuando los paras despojaron no dijo nada”, escribió en Twitter.

Las comunidades indígenas de Risaralda han afrontado desplazamientos a causa de la violencia y las necesidades básicas insatisfechas. Durante el 2021 miembros de resguardos de ese sector del país se tomaron el parque Nacional de Bogotá por falta de atención estatal y violencia en sus territorios.

Así mismo, miembros de las comunidades embera chamí habían adelantado una minga frente a la sede de la Gobernación en Pereira, Risaralda, a finales de agosto, para exigir soluciones respecto a la restitución de tierras. Luego de acuerdos, se establecieron en dos predios del departamento en el municipio de Balboa que tienen contratos de comodato entre la ANT y la ANUC, lo que generó un nuevo conflicto.

Se trata de los predios Las Galicias (hoy Margaritas) y El Privilegio, que se encuentran en Balboa y fueron renovados en comodato en septiembre de 2020. Estos se encuentran en proceso de incorporación por la ANT, pero este no ha finalizado y es uno de los retos que tiene la entidad. Esta situación se ha plegado a otros siete departamentos del país y mientras que el gobierno rechaza estas actuaciones, el Ministerio de Defensa asegura que se requiere una orden judicial para realizar los desalojos.

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