Hace unos días, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana le pidió a la Fiscalía que le devuelva el proceso contra Armando Benedetti, por enriquecimiento ilícito, considerando que tras su nombramiento como embajador en Venezuela, el ente investigador perdía competencia para investigarlo. Sin embargo, la respuesta que salió del despacho de Francisco Barbosa fue negativo.
“Considero mi deber como magistrada ponente del asunto —hasta tanto no se resuelva lo contrario— solicitar que el despacho a su digno cargo devuelva las diligencias a la sala de origen, a fin de resolver el incidente de recusación propuesto por la defensa del exsenador o, en su defecto, declararse incompetente para conocer el caso y remitir las diligencias a la Sala Plena de la Corte Suprema para que sea esta quien defina quién debe continuar con la investigación”, señaló Lombana en su misiva enviada a la Fiscalía.
En este sentido, el fiscal general de la Nación señaló que el proceso ya está en manos de un fiscal delegado para adelantar las investigaciones contra el hoy embajador de Colombia en Venezuela y que afronta esta investigación desde que se encontraba en su cargo como senador de la República.
“El despacho dispuso asignar especialmente a la investigación respectiva al Coordinador de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Este fiscal delegado en el marco de la autonomía y la dependencia impartirá el trámite y adoptará la decisión que en derecho corresponda”, se lee en uno de los apartes del documento que se envió a la magistrada.
En este sentido, el lider el ente investigador, hizo énfasis en que “la Fiscalía no devolverá las diligencias a la Sala de Instrucción, ni declarará su incompetencia (…) tampoco remitirá el asunto a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia”.
Recordemos que La Corte había vinculado a Benedetti en julio pasado en el proceso de contratos para viviendas de interés social del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -Fonade-, que tuvieron lugar durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, cuando Benedetti era un senador representante del Partido de la U, hoy liderado por Dilian Francisca Toro. La entidad se le habría entregado a ese partido como cuota burocrática.
El excongresista que hacía parte de ese partido hasta que fue expulsado en el 2020 junto a Roy Barreras, ha sido mencionado en uno de los contratos que investiga la Fiscalía como parte del entramado de corrupción, por lo que fue denunciado por el abogado Jaime Lombana y se inició la investigación en su contra.
No obstante, el pasado 29 de agosto Benedetti fue posesionado como embajador en el vecino país. Según el artículo 235 de la Constitución, los embajadores de Colombia no son juzgados por la Corte Suprema sin una acusación previa de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, si bien puede juzgarlo, no puede adelantar investigaciones contra él.
Cabe recordar que Benedetti ha tildado estos casos como montajes en su contra, al punto de haber presentado tutelas contra esa corte por investigarlo. Señala que “sin un testigo, sin una prueba, me tiene en la palestra pública por sus oscuras filtraciones”.
El eje de la investigación de este caso de corrupción se remite a Jorge Iván Henao Ordóñez, quien fue gerente de la Unidad de Desarrollo Territorial de Fonade entre 2016 y 2017. Él se entregó a las autoridades en agosto de 2018 y firmó un principio de oportunidad, aceptó los cargos y ha ido entregando la información que conoce del caso. Con estas declaraciones y la investigación de la Corte Suprema, los exsenadores Musa Besaile y Bernardo Elías (Ñoño) fueron encontrados culpables y posteriormente condenados.
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