En la madrugada del 7 de julio de 2021, el presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado mientras descansaba en su residencia privada, ubicada en Puerto Príncipe, en medio de un operativo desarrollado por un comando de asalto, conformado en su mayoría por exmilitares colombianos, que se encuentran detenidos en el país caribeño.
Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh) los más de 40 detenidos, dentro de los que se encuentran 18 exuniformados colombianos, estarían siendo víctimas de violaciones “sistemáticas” de los derechos humanos, como agresiones físicas y trato inhumano, y se encontrarían en “situación de detención preventiva ilegal y arbitraria”.
“No se ha hecho nada para hacer justicia a la víctima y a sus familiares. Tampoco se ha hecho nada para tratar a las personas encarceladas en este caso con la dignidad inherente a la persona humana y con el respeto a sus derechos y a las garantías judiciales”, indicó la organización haitiana el pasado 9 de julio, un año después de cometido el magnicidio del presidente Moise.
Así lo señala el informe de la organización “Asesinato del presidente Jovenel Moise: los derechos a las garantías judiciales de todas las partes, sistemáticamente violados”, en el que se detalla que los militares colombianos no habían sido escuchados, hasta ese momento, por un juez de instrucción, ni se les había notificado los delitos por los cuales se les acusaba.
A su vez, la ONG haitiana denunció que los prisioneros se encontraban en condiciones “degradantes y en la más total indignidad”, lo que estaría teniendo consecuencias en su salud física y mental, indicado que sus vidas estarían siendo amenazadas.
Esta versión coincide con la de la abogada de los colombianos señalados de haber participado en el crimen, Sondra Macollins, quien le contó a Semana que los exmilitares han sido torturados durante los 15 meses que llevan de detención, denunciando que no cuentan con alimentos y, hasta la fecha, no se les ha legalizado la captura.
“Es una cárcel infrahumana, ninguno tiene baños, los sacan cada tres días a que hagan sus necesidades, entonces se van acumulando las heces humanas en las celdas durante días y allá, pues, obviamente no hay aseo, no hay agua, cada dos o tres días les dan comida, esa cárcel es una de las peores del mundo. Han sido torturados y antes los guardias los habían cogido de escudo humano”, indicó la abogada al medio nacional.
A su vez, explicó que aún no se ha legalizado su captura, ni se les ha asignado un abogado o un traductor que les permita comunicarse, al tiempo que explicó que no existe material probatorio para iniciar su juicio y la poca información que existía desapareció en medio de las vandalizaciones que ha sufrido el palacio de justicia durante los últimos meses, lo que empeora su condición jurídica.
Por otra parte, la abogada Macollins indicó que los exmilitares han asegurado que fueron contratados por una firma americana para prestar servicios de vigilancia y de seguridad del candidato opositor al primer mandatario haitiano, Emmanuel Sanon, debido a que el aspirante presidencial no confiaba en la policía de este país.
De igual manera, explicó que los exuniformados denunciaron que fue la propia policía quien los llevó hasta la residencia de Jovenel Moise el día de su asesinato para realizar un supuesto anillo de seguridad; sin embargo, al percatarse que se había cometido el crimen del primer mandatario, se quedaron a las afueras de la residencia en espera de las autoridades, no obstante, los mismos miembros que los llevaron hasta la casa del presidente fueron los que los capturaron.
“Después de 15 meses, hace dos semanas les permitieron hacer llamadas a sus familiares, pero los pusieron en altavoz y solamente uno por celda pudo llamar, esa es la única comunicación que hemos tenido con ellos, de resto ha sido por cartas”, concluyó la abogada Macollins a revista Semana.
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