Organizaciones de víctimas instauran tutela contra la JEP por sentencia que reduciría su nivel de participación

Varias organizaciones de víctimas interpusieron en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— una acción de tutela contra lo que ellos afirman, configura una reducción en la participación a quienes sufrieron afectaciones por el conflicto armado en Colombia.

Concretamente, la acción interpuesta por los colectivos de víctimas nace de la Sentencia Interpretativa —Senit 3—, proferida en abril por la Sección de Apelación del tribunal especial y que tiene por objetivo la agilización de procesos que actualmente reposan en la Sala de Reconocimiento de Verdad. Este fallo representa un golpe bajo para las víctimas, pues este también da a entender que serán impuestas barreras a los afectados por el conflicto contra las decisiones que tome esta sección que tiene en su poder los diez macrocasos existentes.

Sumado a eso, y de acuerdo con El Espectador, la sentencia también limita los recursos de reposición y de la Procuraduría General de la Nación respecto de los fallos emitidos en la sala de la JEP. De acuerdo con las víctimas, hay cuatro puntos centrales por las que Senit 3 es improcedente. Uno de ellos tiene que ver con que no hay un pleno entendimiento del proceso dialógico de la jurisdicción especial para la construcción de verdad.

Un segundo punto es que la Sección de Apelación no tiene injerencia sobre las decisiones que se pueden reponer o apelar. Otro es que los magistrados estarían desconociendo la realidad —en este caso, la de las víctimas— por un apego a las normas. El cuarto reparo es que la Senit 3 violaría los derechos adquiridos en la Ley de Víctimas para su participación.

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A través de un comunicado divulgado en primera instancia por el medio citado, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos —Coeuropa— la cual agrupa otras organizaciones firmantes de la tutela, indican que con esta acción buscan tumbar definitivamente la sentencia de la Sección de Apelación por varias afectaciones que hace a las víctimas. En ese sentido, se debe “asegurar la participación efectiva de las víctimas en las decisiones que tome la JEP”.

El colectivo de abogados José Alvear Restrepo —Cajar—, que también impulsa esta tutela, indicó que dicha sentencia afecta de forma grave los derechos de las víctimas “al debido proceso”, como lo indicó el abogado Sebastián Escobar a El Espectador. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado —Movice—, que estuvo presente en el plantón realizado el pasado miércoles 14 en las instalaciones de la JEP, también reprochó esta acción del tribunal.

Uno de sus voceros concuerda en que “vulnera el derecho al debido proceso y el derecho al acceso a la administración de justicia de las víctimas, en concreto por una situación muy particular: cuando una persona víctima acude a la jurisdicción, lo hace con la expectativa de que sus solicitudes sean resueltas de manera oportuna”. En cambio, manifestó que lo que hace la Senit 3 es todo lo contrario.

Sobre esto, el vocero manifestó que la sentencia “no ofrece los mecanismos para la resolución de esas solicitudes y abre la posibilidad de que se centralicen escenarios de interlocución dialógica que serían escenarios para una supuesta participación de las víctimas pero no para que sus solicitudes sean realmente decididas”.

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