Ministro de Justicia anuncia medidas especiales para enfrentar la crisis de hacinamiento en el país

Este jueves 15 de septiembre el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció cuáles serán las medidas especiales del Gobierno nacional para enfrentar la problemática del hacinamiento carcelario en el país. La propuesta la expuso ante la Comisión de Derechos Humanos realizada en la Cámara de Representantes.

“De los problemas graves a cargo del Ministerio de Justicia en materia de derechos humanos, el más acuciante es el de hacinamiento penitenciario y de la situación carcelaria en general”, comentó el ministro ante la cámara baja del Legislativo. Si bien la cartera ya había manifestado que no construiría más prisiones, sí estaban buscando soluciones y alternativas a la crisis carcelaria en Colombia.

Osuna entregó las cifras más actuales hasta el momento: “Tenemos cerca de 60 mil personas en detención domiciliaria y 120 mil en cárceles del Inpec y de otros municipios, pero lamentablemente tenemos un hacinamiento de cerca del 170% en centros transitorios”. Además, calificó esas cifras como “algo catastrófico”, por lo que tendrían que actuar inmediatamente.

Esos datos son similares a los que entregó la Defensoría del Pueblo más recientemente. “Para agosto de 2022 llegó al 177 % en los centros de detención transitoria, con una sobrepoblación total de 14.176 personas”, precisó el órgano de control a través de un comunicado de prensa. Respecto a los establecimientos de reclusión de orden nacional, el hacinamiento llegó al 20 % con 16.297 reclusos.

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Por esa razón, Osuna destacó que desde el Ministerio de Justicia buscan diseñar una política criminal y penitenciaria guiada por la protección de los derechos humanos, pensando en la resocialización de los presos y la reparación de las víctimas de los delitos.

“Elaboraremos y discutiremos con ustedes, y con la sociedad en general, algunos proyectos de ley dirigidos a disminuir el carácter punitivo”, explicó el funcionario del Gobierno. Ese sistema, para él, no ha conseguido resolver muchos problemas sociales y concluyó que “el derecho penal no es la mejor solución”.

Osuna también afirmó que, “hay un número significativo de personas que ya tienen derecho a libertad y siguen allí detenida”. Serían entre 2.000 a 3.000 las que se encontrarían en esa situación que vulnera sus derechos humanos. Para ello, propuso implementar unas brigadas jurídicas que apoyarían el proceso de reubicación de los detenidos, después de realizar un censo de cada una de las situaciones jurídicas.

Por otro lado, el ministro aseguró que es necesario evaluar si las personas privadas de la libertad podrían tener algunas alternativas para la resocialización. “Si han cumplido una buena parte de la condena, podrían obtener algunos beneficios penales como detención domiciliaria o un sistema de libertad parcial con cárcel de noche y posibilidad de trabajar de día”, agregó.

Otra de las ideas que expuso tiene que ver con las oportunidades laborales de los presidiarios. “Un sistema de libertad parcial de cárcel de noche, con posibilidad de salir a trabajar de día en establecimientos, por supuesto, controlados también por el Estado”, dijo Osuna como ejemplo.

Cabe recordar que desde 1998 la Corte Constitucional identificó que existe un problema de carácter estructural en el sistema penitenciario que afecta gravemente los derechos fundamentales. Ante esa situación, “nuestra prioridad es diseñar una política penitenciaria dirigida a los derechos humanos con un enfoque restaurativo, de resocialización y reparación a las víctimas”, puntualizó el jefe de cartera en su intervención.

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