El pasado 3 de septiembre, 14 comunidades del departamento del Cesar recibieron la noticia que el Juzgado Administrativo de Valledupar falló a su favor en la tutela que interpusieron en contra de la compañía minera Prodeco. El fallo dicta que debe instalarse una mesa de discusión sobre el plan de cierre de las minas que opera el Grupo Prodeco, que está conformado por compañías subsidiarias de Glencore.
La sentencia le ordena a la empresa y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que dentro del próximo mes convoque a todos los actores para establecer las obligaciones ambientales y sociales pendientes, tras el cierre de la explotación de las minas de La Jagua de Ibirico y Calenturitas en julio de 2020, tras 25 años de operaciones.
Este viernes, desde el departamento del Cesar, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, anunció que el Gobierno nacional hará cumplir el plan de cierre de la compañía minera Prodeco, así, como la sentencia que surgió tras la tutela que interpusieron las comunidades para participar en el proceso.
“Tienen toda la razón las comunidades, tienen que poder participar. La ANLA ha avanzado en espacios que generan garantías sociales de participación a las comunidades, y nos disponemos a seguir con ese proceso, a apoyar obviamente la tutela. El plan de cierre minero de Prodeco debe tener concurrencia con las comunidades. El futuro de esas minas y esos títulos es un tema que tendrá que evaluarse con la Agencia Nacional Minera. El futuro de esas zonas debe concertarse”, expresó la ministra Muhamad.
En su encuentro con las comunidades, la ministra resaltó la importancia del diálogo que ya se está dando en el Cesar en cuanto a las posibilidades posminería.
“Pareciera que 10 o 15 años fueran mucho, pero no son muchos para hacer una transición de vocación productiva. El departamento debe iniciar ya con ese proceso, cosa tal de que no haya mayores afectaciones de empleabilidad y de entrenamiento de la gente para otras vocaciones, en especial en un departamento paisajística y ambientalmente tan valioso que debemos, entre todos y todas, recuperar”, explicó la funcionaria.
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Una investigación de Mutante resaltó que en el primer trimestre de 2020 la producción carbonífera de la mina de La Jagua representó el 45,6 % en el Cesar. Según el movimiento digital de conversación ciudadana en Colombia, cada trimestre se extraían entre 5 y 6 millones de toneladas de carbón.
En el trabajo llamado: ‘Pierden con el carbón y sin el: Los dilemas de la transición energética en Cesar’, se puede detallar que después de la pandemia, en el primer trimestre de 2022, la producción bajó a 1.469.203 toneladas, el 20,5 % del total departamental, según datos de la UPME.
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Con la intención de avanzar hacia la transición energética en el corredor minero del Cesar, la ministra aseguró que hablará con las comunidades y planteará alternativas de sostenimiento económico “bajo el principio de los acuerdos sociales, las acciones efectivas en los territorios y la toma de decisiones conjuntas que protejan los valores socioculturales de cada entorno”.
La Guajira y el Cesar son los departamentos de mayor producción de carbón en Colombia; en el Cesar, por ejemplo, se produjeron en 2019, aproximadamente, 52 millones de toneladas, “lo que dimensiona cómo esta actividad pone en riesgo los servicios ecosistémicos y la biodiversidad que caracteriza a la región”, puntualizó Susana Muhamad.
Específicamente, en el Cesar, se desarrollan seis proyectos carboníferos: Pribbenow y El Descanso, a cargo de la compañía Drummond LTD; La Jagua, que lleva a cabo Prodeco; El Hatillo y La Francia, en cabeza de Colombian Natural Resourses (CNR), y La Divisa, de Norcarbón.
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