Desde el escándalo por la adjudicación de un billonario contrato a la empresa Centros Poblados, poco o nada se había vuelto a escuchar de la ministra TIC del gobierno Duque, Karen Abudinen. Sin embargo, este jueves reapareció para responder a un trino hecho por el senador Gustavo Bolívar con nada menos que una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia.
“Yo prefiero una ministra honesta que se equivoque 10.000 veces y no una que se robe 70.000 millones. Fin del comunicado”, fue el trino Bolívar, que tuvo miles de comentarios. Para Abudinen, el senador quiso afectar su buen nombre e integridad.
Este trino fue publicado en el marco de las recientes críticas en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por sus constantes equivocaciones e imprecisiones en sus declaraciones y salidas en público. Tan solo este miércoles tuvo un lapsus al decir que “tenemos reservas de gas para ocho años y tenemos reservas de gasolina para 7,6 años”, algo que causó muchas críticas debido a que el país no posee dichas reservas.
Según la querella que hizo llegar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, “el senador Bolívar incurre como autor de una imputación delictiva, frente a mi buen nombre y honor, pero también comete una gran injusticia”. Y luego agrega: “no tengo ánimo de polemizar con el senador, a quien respeto en su ejercicio funcional, también le tengo consideración personal, especialmente desde cuando escuché en medios de comunicación que el reconocido actor Bruno Díaz, llorando en una conocida emisora, responsabiliza a Gustavo Bolívar del suicidio de su hijo, por no haberle pagado unas cuentas derivadas de unos contratos”.
Y sigue: “mal haría cualquier ciudadano si lo llamara disvalosamente asesino, o indusor al suicidio de jóvenes, por lo que le solicito a usted, señor magistrado, que haga respetar la vigencia de la norma que protege el bien jurídico del honor y buen nombre”.
Además, la exministra recordóque en varias ocasiones ha sido objeto de señalamientos injuriosos y calumniosos por parte del senador, sin que ella haya tomado acciones legales en su contra.
De tal manera que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema deberá definir el caso, citando así a una audiencia de conciliación a Abudinen y Bolívar. Si el senador decide retractarse, deberá hacer una publicación al respecto en su cuenta de Twitter.
Por lo pronto, Bolívar le dijo al periódico El Tiempo que no ha sido notificado formalmente de la denuncia, y agregó que “espero ver los términos de la denuncia. Igual no la nombré. Si se sintió aludida es por algo”.
¿En qué va el caso de Centros Poblados?
Emilio Tapia Aldana, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación y actualmente enfrentan un juicio penal por el Contrato 1043 de 2020 firmado entre el Ministerio de las TIC y la unión temporal Centros Poblados con un anticipo de 70 mil millones de pesos para la construcción de centros educativos virtuales en distintas zonas apartadas del país.
La Fiscalía acusa a Tapia, Laverde y Duque de haber cometido una serie de acciones, que incluyen la falsificación de actas y pólizas de seguro, para inducir al error a los funcionarios del Ministerio con tal recibir el aval del contrato.
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