En el marco del Foro Construcción y Vivienda, la ministra Catalina Velasco señaló que en Colombia hay un déficit para acceder al agua, alcantarillado y otros servicios, fundamentales, para que las familias puedan tener una casa digna. El tema sería tan crítico, al punto de asegurar que esto fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Le pidió a varios gremios y sectores que aunaran esfuerzos para aumentar la inversión, permitiéndole a más personas a tener un espacio con los mínimos humanos básicos. La región Caribe, señaló, es donde más problemas se evidenciaron.
La jefe de la cartera de vivienda, ciudad y territorio estima que hay 12 millones de personas que en Colombia tienen problemas con el servicio del agua potable, mientras que otras 3,2 no tienen accesos a acueducto y alcantarillado. Este punto, enfatizó, es fundamental para la inversión social, ya que además de ser un derecho, está ligado a los temas de salud pública.
“Tengo que decir que los últimos años, en las últimas décadas, el país se ha concentrado más en vivienda que en agua y creo que para ustedes pueda sonar raro, pero, hoy en día hay 12 millones de personas que tienen un servicio insuficiente de agua, esto es, que no llega de manera permanente a sus hogares, o la calidad del agua es deficiente, es decir, 1 de cada 4 personas no tienen servicio completo de agua; y hay 3.2 millones de personas a quienes no les llega absolutamente nada de agua, no tienen servicio de acueducto, alcantarillado y agua potable. Sí quisiéramos hacer las inversiones, sobre todo el saneamiento básico, o lo que necesitaríamos para ofrecerles a estas personas un servicio de acueducto y alcantarillado, necesitamos 50 billones, y para este año que termina la inversión es de 700,000 millones, en el presupuesto que había dejado el gobierno anterior para el año 2023 en materia de agua”.
Al ritmo actual, los cálculos que hace Catalina Velasco Campuzano apuntan que el país se demoraría 50 años en garantizar el acceso a estos servicios, esto destaparía la crisis del acceso al preciado líquido en Colombia, que es mucho más notorio en regiones como la costa Caribe.
Incluso, referenció el hecho del trato que debe darle el Estado a la comunidad Wayuu, en esta materia, ordenanza delegada mediante un fallo emitido por la Corte Constitucional, para que estas personas puedan acceder al agua potable, pero, este es el momento que no se les ha podido garantizar este derecho:
“En La Guajira las personas reciben en las pilas públicas, que son como unos estanques grandes, con carrotanques desplazados por varias horas, con los costos altísimos, la oferta de agua. Las familias tienen que caminar y llevar a sus hogares en una pimpina sobre sus hombros, o en burros, o en bicicleta los potes de agua; esta situación es realmente dramática. La Corte Constitucional ha declarado un estado de cosas inconstitucional el tratamiento al pueblo Wayuu, en materia de agua le exige al Estado colombiano que se ofrezcan 20 litros diarios por persona para atender al pueblo Wayuu, pero, el Estado colombiano ni siquiera es capaz de ofrecer eso y estamos revisando para continuar en esta labor y cumplirle a la Corte, pero especialmente cumplirle al pueblo Wayuu”.
Agregó que el agua es un punto de unión y reconciliación, por eso, según ella, en esta materia, cuando se propone alguna iniciativa, referente al preciado líquido, no tiene ninguna objeción o reparo por ningún movimiento político.
Otro de los puntos importantes de su ponencia fue el de buscar materiales alternativos para la construcción, pues algunos hacen que actualmente sea muy complicado la subsistencia, por ejemplo, por las altas temperaturas, o dependiendo los factores climatológicos.
Estos conceptos, asegura, deben pensarse para las nuevas viviendas de interés social, que deben plantearse desde las particularidades del territorio; sumado a las tarifas de los servicios públicos en general, por lo que empiezan a buscar alternativas, por ejemplo, los paneles solares, pero, varias de estas soluciones aún son muy costosas, por lo que se está intentando buscar la forma para que el gobierno nacional ayude a las comunidades, principalmente las más vulnerables, para que puedan acceder a esto.
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