Defensoría pide agilizar la implementación de medidas para atender el conflicto de tierras

Este jueves 15 de septiembre, la Defensoría del Pueblo instó a las entidades del Estado colombiano a que agilicen la implementación de acciones, “bajo el principio de corresponsabilidad”, para atender los conflictos sociales que se presentan en varias regiones del país y que están vinculados con la ocupación de tierras.

La entidad hizo un llamado al Gobierno nacional, y a las autoridades municipales y departamentales, para que adopten una serie de respuestas efectivas que permitan solucionar las disputas entre comunidades étnicas, campesinos y empresarios por el acceso y uso de la tierra que se han incrementado en departamentos como el Cauca, Huila y Cesar.

“Respuestas que pongan término a las vías de hecho, toda vez que la tolerancia con las ocupaciones ilegales de tierras y predios privados, que desbordan el marco de lo estrictamente legal, están aumentando y en consecuencia de ello se aumenta la conflictividad social en el país”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

A su vez, señaló que para la entidad era claro que existe un carácter diferencial en las ocupaciones ilegales que se registran en el territorio nacional, debido a que resultaba evidente que algunas de estas invasiones eran de bases sociales y requerían medidas concertadas con las comunidades, mientras que otras tendrían “orígenes diferentes a las justas reivindicaciones sociales y se nutrirían de intereses asociados a economías ilícitas”.

En ese sentido, recordó que, tal como se acordó en la mesa nacional para la superación de la conflictividad social por la ocupación de tierras que se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre, era indispensable adelantar un trabajo articulado con las diferentes instituciones del Estado, en cabeza del Gobierno de Gustavo Petro, el cual ha manifestado la necesidad de solucionar estos conflictos, con el propósito de atender esta situación y evitar su escalamiento.

“Como garante del goce efectivo de derechos de todos los colombianos, reitera su disposición de mediación y acompañamiento a los espacios de diálogo que sean necesarios entre la institucionalidad y las comunidades para lograr, urgentemente, salidas concertadas”, señaló la Defensoría ante esta compleja situación ante la cual el Gobierno nacional ha anunciado medidas como mesas de diálogo y Puestos de Mando Unificados.

El martes 6 de septiembre, se llevó a cabo el primer encuentro oficial entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la procuradora general, Margarita Cabello, quienes abordaron temas como la Ley del Código Disciplinario, las estrategias de prevención frente a la temporada invernal y el manejo de las tierras en el país.

Esta reunión entre el primer mandatario y la jefe del Ministerio Público, que se realizó en el Hotel Dann de Cali, capital del Valle del Cauca, se produjo un día después que Cabello hiciera un llamado para que las instituciones del Estado “garantizaran y ampararan” la protección a la propiedad privada en el país.

Esta petición de la jefe del Ministerio Público, a la que se suma la solicitud de garantizar las “justas reclamaciones de quienes aspiran a gozar del derecho a la tierra”, a través del diálogo y la concertación, coincide con los procesos de invasión a predios privados por parte de comunidades indígenas y campesinas, lo que ha generado tensiones en departamentos de distintas regiones del país y ha generado la reacción de distintos sectores que buscan una solución efectiva.

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