Luego de la controversia generada porque la delegación de Colombia en la Organización de Estados Americanos (OEA) se ausentó de la reunión para condenar la violación de derechos humanos contra Nicaragua, el canciller Álvaro Leyva anunció que el Gobierno nacional está revisando cambiar a los abogados encargados del litigio del Estado colombiano con esa nación.
Sin embargo, a lo que se refiere el ministro de Relaciones Exteriores es al lío legal que enfrenta Colombia con el país dirigido por Daniel Ortega por el mar y las zonas marítimas fronterizas. En esa línea, aseguró que el presidente Gustavo Petro y la comitiva están pesando en hacer serios cambios en materia jurídica para beneficio de la nación.
El anuncio lo hizo en medio de un debate de control político ante el Congreso de la República, que se dio de manera privada, y que fue convocado por la representante Erika Sánchez, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido de oposición dirigido por el excandidato presidencial Rodolfo Hernández.
Tras el anuncio, la congresista felicitó al jefe de Estado por el anuncio que hizo el canciller Leyva: “Aplaudo la decisión que ha tomado el Presidente de cambiar a los equipos jurídicos que hicieron parte de los acuerdos de la Haya, porque no podemos permitir que nos roben más territorio marítimo”, expresó Sánchez.
Lo dicho por el coequipero del presidente Petro se dio dentro de las explicaciones que dio, por casi tres horas, ante los integrantes de la Comisión Segunda de la Cámara, quienes le solicitaban justificar la ausencia de Colombia en la OEA por el tema de Nicaragua.
El mismo Leyva no hizo público lo anunciado por el Gobierno, pero la citada congresista dio otros detalles sobre la decisión que hoy es aplaudida por varios sectores políticos.
“Van a revisar que la participación jurídica esté en manos de idóneas, de personas capaces y conocedores y no de abogados que buscan un beneficio propio individual”, expresó la representante en relación a la decisión del presidente Petro.
Tras dar a conocer estos detalles, Sánchez exhortó al Ejecutivo colombiano para que una vez se elijan a los nuevos abogados se retome ese proceso que lleva 20 años y han estado involucrados varios de los últimos gobiernos incluidos el de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y ahora el de Gustavo Petro.
“Esperamos que el Gobierno haga una revisión exhaustiva de todos los procesos jurídicos a los cuales Colombia tiene que estar de la mano, no solamente desde el Congreso, sino desde toda la sociedad civil y de la comunidad raizal”, agregó la representante, quien enfatizó que el gobierno Petro no puede faltar a reuniones que deslegitimen las agresiones contra los derechos humanos, como los ocurridos en Nicaragua: el régimen de Ortega ha hostigado a sus opositores políticos, a la prensa e, incluso, a la misma Iglesia Católica.
“No nos podemos evadir de participar de escenarios en donde se iban a castigar delitos de lesa humanidad con razón del dictador Daniel Ortega”, aseveró la parlamentaria de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
En ese espacio, del que el canciller Leyva ha preferido no pronunciarse, se conoció que este aseguró que Colombia no fue a la OEA porque, tal y como lo dijo el embajador encargado, no se había posesionado para la fecha. Además, se espera que dentro de las próximas semanas el Gobierno tome la decisión de elegir en manos de quiénes recaerá el litigio de nuestro país con el de Daniel Ortega.
Hay que mencionar que el equipo jurídico en esa materia es dirigido desde el primer gobierno de Santos por el exmagistrado del Consejo de Estado Carlos Gustavo Arrieta.
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