Así transcurre el Paro judicial en Colombia: hay cese de actividades de funcionarios en varias sedes en el país

Este 15 de septiembre se adelantó el primer paro judicial bajo el nuevo gobierno, con peticiones para el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, con los que demandan mejores condiciones laborales para los funcionarios.

Miembros de los despachos de la Rama Judicial se tomaron las sedes en diferentes zonas del país. En Bogotá la manifestación se concentró en la sede de los juzgados penales de Paloquemao y en el edificio Hernando Morales de los despachos civiles, con un cese de actividades que anuncian sería indefinido, pero podría tomar 48 horas.

Con banderas, carteles y arengas, los funcionarios manifestaron las peticiones para las diferentes entidades encargadas del funcionamiento de los despachos. Así mismo, se presentaron Barranquilla, donde los funcionarios agremiados realizaron una manifestación hasta el Edificio Manzur.

Así se presentaron también en otros departamento de Cundinamarca, Huila, Tolima, Casanare, entre otros. Las razones de esta manifestación son varias. Aunque inicialmente no es contra del Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, le exigen a este y al ministro de Justicia, Néstor Osuna, acciones concretas respecto a la creación de 4.000 nuevos jueces de la República.

Así mismo, rechazan que los salarios se vean afectados en la reforma tributaria, según la Asociación Nacional de Empleados y Funcionarios de la Rama Judicial (Asonal Judicial); así como que la bonificación sea reconocida factor salarial. Pero las peticiones también se centran en la Fiscalía y el Consejo Superior.

“Reclamamos que las vacantes se tienen que llenar. Como hay exceso de carga no se entiende por qué el fiscal (Francisco) Barbosa no llena las vacantes, las vacantes las tiene que llenar, no sé para qué deja vacantes, eso se presta para la politización de la Fiscalía”, sostuvo Fredy Machado, presidente de Asonal en el plantón de Paloquemao.

Según dijo el líder sindical, en el ente investigador se mantienen varios cargos en provisionalidad, que habrían servido para presuntamente politizar la entidad. Por ello exigen la implementación de la carrera en la Fiscalía, que permita elegir funcionarios que sepan desempeñar las funciones y tener mayor estabilidad en el sistema penal. Sin embargo, reiteran que se debe garantizar la jubilación de quienes llevan varios años en la entidad.

En cuanto a las peticiones para la Rama Judicial, uno de los problemas que motivó la manifestación está relacionado con la ley que mantuvo las herramientas digitales en los despachos, implementadas a raíz de la pandemia de covid-19, pero cuyo proceso no ha cumplido con los estándares que esperaban.

“En el contrato de digitalización de expedientes se contrató a personas que no conocen la materia y como hacen mal la labor, es a los servidores a los que les corresponde corregir, ajustar y entonces un servidor, acosado con una carga laboral excesiva, tiene ahora que realizar las labores que no realizan los contratistas en la digitalización”, señaló Machado.

Por esa razón los funcionarios le exigen al Consejo Superior de la Judicatura y al Gobierno que revisen los contratos de digitalización porque denuncian incumplimiento del contrato y baja idoneidad para desarrollarlo, lo que ha recaído nuevamente en los despachos. Los errores de ese proceso han generado requerimientos y hasta sanciones, según dicen, para los jueces.

Entre otras peticiones, también abogan por la unificación de las sedes judiciales en un solo espacio, que ahorre dineros de arriendo de edificios y que beneficiaría a los litigantes y funcionarios. Plantean que el servicio de internet presenta intermitencias en varias sedes, que las plataformas de la Rama Judicial no funcionan y que los correos tienen fallas. Además, que se garantice la desconexión laboral.

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