PTAR Salitre: Contraloría pidió al Consejo de Estado frenar la operación de la planta

La Contraloría y la Procuraduría le pidieron de nuevo al Consejo de Estado que no entre en operación la Ptar de Salitre que queda entre las localidades de Engativá y Suba. Solicitaron que le dé prelación al trámite de segunda instancia de la apelación interpuesta contra el fallo del Tribunal Administrativo, el cual ordenaba que la planta entrara en operación a pesar de las complicaciones expuestas por el Acueducto de Bogotá, empresa encargada de operarla.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) era la encargada de iniciar la operación de las obras de ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, las cuales reciben las aguas residuales de 3 millones de bogotanos, sin embargo, se ha negado a recibir la operación del proyecto, haciendo caso omiso a los llamados que se le han hecho desde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El pasado 9 de agosto de 2022 la Contraloría anunció ante el Consejo de Estado una advertencia sobre el caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, en la que se generaría un detrimento en los recursos del distrito por las órdenes dadas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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La Contraloría pidió que la nueva petición sea vista, es decir que este “nuevo escrito sea tenido en cuenta dentro de la apelación que está revolviéndose sobre las medidas cautelares que impuso en su momento el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del año 2014 (conocida como Sentencia del Río Bogotá) en la que se argumentó la protección de los derechos colectivos relacionados con el agua y el goce de un ambiente sano, entre otros”.

En este nuevo documento la entidad pidió los derechos colectivos al patrimonio público y la moralidad administrativa, después de solicitar que se analice el alcance de las órdenes impartidas por el juez popular (Tribunal Administrativo de Cundinamarca), que podrían producir detrimento de los recursos públicos de la ciudad. Ese documento se entregó al magistrado Oswaldo Giraldo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Este14 de septiembre de 2022, la Contraloría y la Procuraduría insistieron de nuevo al Consejo de Estado que la PTAR no inicie sus operaciones.

Pese a las deficiencias en varios de los equipos que han sido advertidas por la interventoría y que ha llevado a los órganos de control a poner la lupa sobre este proyecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca insiste en que el proyecto debe entrar en operación.

A pesar de que la planta aún no estaba lista, la magistrada Nelly Villamizar de Peñaranda ordenó al Consorcio Expansión PTAR Salitre entregarla al Acueducto de Bogotá el pasado 13 de septiembre de 2021, con el fin de que iniciara la operación asistida. La orden se la dio al consorcio, con un tiempo de treinta días.

“Un mes para el cumplimiento de los faltantes que el gerente de la interventoría del Contrato 803 de 2016 dio cuenta en el curso de la diligencia. Aunado a lo anterior, dispuso que el gerente del Consorcio IVK procediera a expedir los certificados de aceptación de terminación de los lotes que conforman el HITO 1, y ordenó que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB recibir la Planta de Tratamiento PTAR Salitre para entrar a operarla con la asistencia del CONSORCIO CEP”, agregó la Contraloría.

“Con el ánimo de evitar poner en riesgo el cumplimiento del contrato y los recursos públicos que se han invertido en cumplimiento de las órdenes de la sentencia, la Contraloría de Bogotá D. C., la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con todo respeto, solicitamos a su despacho considerar la posibilidad de dar prelación a la resolución de la segunda instancia de los recursos de apelación interpuesto por la CAR y la EAAB”, manifestaron los órganos de control en la misiva

Después de esto, el recurso fue interpuesto por Néstor Guillermo Franco González, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Acueducto de Bogotá, y fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decidiendo no reponer y conceder el recurso de apelación ante el Consejo de Estado.

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