Durante la semana pasada, durante los días 9 y 10 de septiembre, se adelantó la audiencia de versión colectiva por parte de los exintegrantes del Frente 57 de las extintas Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta diligencia tuvo como objetivo principal esclarecer los hechos de violencia ocurridos en el Urabá antioqueño y el norte del departamento del Chocó, al término del encuentro, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado de atención a los comparecientes para que aporten toda la verdad de los hechos.
“Para la Procuraduría, es urgente que, en garantía de los derechos de las víctimas, los comparecientes aclaren y reconozcan responsabilidades”, indicó Alonso Pío Fernández, procurador delegado ante la JEP.
El relato de los comparecientes fue recibido por parte de la magistrada Nadiezhda Henríquez, quien integra la Sala de Reconocimiento de la JEP, en medio de una versión colectiva que se desarrolló en el municipio de Apartadó (Antioquia).
De acuerdo al llamado hecho por parte de la entidad del Ministerio Público, las declaratorias que los excombatientes presenten ante la justicia transicional, deben buscar el reconocimiento de los hechos de violencia que perpetraron en contra de los habitantes de los municipios de Acandí, Unguía, Riosucio, Carmen del Darién del departamento de Antioquia y algunos otros municipios del norte del Chocó.
De igual forma, se le pide a los comparecientes que, además de reconocer los hechos, se entregue la verdad plena de los graves hechos violatorios de los Derechos Humanos y de las infracciones cometidas en contra del Derecho Internacional Humanitario.
La procuraduría expresó que es importante que los comparecientes aclaren las circunstancias en las que se cometieron los diferentes crímenes que tuvieron lugar en el Urabá antioqueño, toga vez que esta verdad aporta a la reparación de las víctimas.
“Para la Procuraduría, es urgente que, en garantía de los derechos de las víctimas, los comparecientes aclaren y reconozcan responsabilidad sobre los homicidios selectivos, ajusticiamientos, desplazamiento forzado, violencia sexual, utilización de medios y métodos de guerra prohibidos por el DIH y reclutamiento de menores de edad, que produjeron graves afectaciones y daños a las comunidades étnicas de esa región del Urabá”, precisó el procurador delegado ante la JEP, Alonso Pío.
Las personas que rindieron su versión de los hechos, reconocieron que el Frente 57 de las extintas Farc estaba estructurado por tres columnas, de ellas se desprendían dos compañías, asimismo confirmaron que este frente guerrillero estaba conformado por un aproximado de 280 a 300 hombres y mujeres.
Con el fin de garantizar la transparencia de la verdad relatada, el Ministerio Público aseguró que va a realizar la contrastación de la información expuesta en esta audiencia, con lo revelado por otros excombatientes. Esto le permitirá al Caso 04, como es denominado el proceso que investiga la situación territorial de la región del Urabá, tener una panorama mucho más completo de lo que significó el conflicto armado en esta zona del país. En este sentido, señaló que presentará las respectivas observaciones a la Sala de Reconocimiento.
De acuerdo con la JEP y, dentro de las situaciones de violencia que se le investigan a esta facción de las extintas Farc, el Frente 57 es señalado de ocasionar la toma armada en el municipio de Riosucio en el año de 1997. Asimismo, tras la toma que se hizo en los municipios de Pavarandó y Tamborales en 1998, los excombatientes de este frente habrían sido los responsables de custodiar a los militares que permanecían privados de la libertad desde 1998.
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