A principios de este mes, el gobierno nacional, a través del ministro de Defensa, Iván Velásquez, cumplió su promesa de desalojar a los ciudadanos que se encontraban invadiendo predios privados en Caloto, Cauca. A pesar de las constantes advertencias de la administración del presidente Gustavo Petro, todavía hay personas asentándose en terrenos sembrados con caña de azúcar en ese mismo departamento. El pasado martes, llegaron hasta la finca Santa Bárbara, ubicada en el municipio ya mencionado. Lo que argumentan estas comunidades para explicar sus decisiones es que tienen derecho ancestral sobre esas tierras. Esto lo sustentan con las directrices del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).
“Nosotros y nosotras, proceso de liberación de la Madre Tierra del norte del Cauca, le mandamos a decir al gran jefe que no vamos a desalojar, que aquí en estas tierras nos quedamos porque esta es nuestra casa para vivir y luchar (...) Al gran jefe también le mandamos a decir que vamos a entrar en otras fincas porque nuestra lucha no se detiene”, explicó esa entidad en días pasados.
Según se reportó, el grupo de indígenas que llegaron hasta la zona, algunos encapuchados, llegaron armados hasta aquella propiedad privada para ubicarse allí. En días pasados, personalidades del ambiente político y organizaciones se refirieron a la situación y destacaron que, en parte, sería culpa del presidente de la República que esto estuviera sucediendo. El congresista de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, en medio de un debate en el Senado, dijo que Gustavo Petro no ha manejado esta situación de una manera adecuada.
“Estas invasiones tienen como causa los anuncios improvisados del Gobierno nacional, la tesis que sostuvo la ministra de Agricultura fortaleció y dio motivos para que estas personas sintieran la protección del Estado, incluso el acompañamiento, para realizar esas acciones ilegales. Esto también está sucediendo en municipios del Valle como Dagua y Buenaventura y puede escalonar a un conflicto territorial si no se pone freno y atención de manera inmediata”, aseguró Motoa.
“Este conflicto no ha sido atendido de manera oportuna por el Gobierno y ellos mismos generaron mensajes erráticos que permitieron a esas comunidades sentirse avaladas para tomar acciones de hecho y el deber del Gobierno debe ser proteger de manera urgente la propiedad privada, ese es su deber constitucional”, añadió el congresista.
Por el otro lado, desde Fedegan (Federación Colombiana de Ganaderos), se condenó el hecho y se aseguró que el país estaba empezando a sufrir de una ‘oleada de invasiones. El presidente de esa institución, José Félix Lafaurie, dedicó una columna de opinión al tema, texto que tituló Tierra, invasión y “derechos ancestrales” y que fue publicado en Contexto Ganadero. “No solo no desalojan, sino que seguirán invadiendo (...) la anacrónica bandera de la recuperación de la madre tierra con base en derechos ancestrales, que desconocen la realidad histórica de la conquista”, redactó.
“Qué reclaman, si ni siquiera pagan predial, como todos los colombianos, pues los municipios donde están ubicados le pasan la factura del predial indígena al Presupuesto Nacional; es decir, se lo pagamos entre todos”, sentenció Lafaurie.
Paralelo al tema de las invasiones ilegales, resalta en la prensa nacional el momento que viven cerca de 823 personas del corregimiento Puerto Rico. Los centenares de ciudadanos han tenido que movilizarse al coliseo del municipio de Argelia, en el sur del Cauca, para salvar sus vidas de los hostigamientos que han venido haciendo disidencias de las FARC. Desde principios de septiembre, según las autoridades, se adelanta un enfrentamiento entre la Nueva Marquetalia y a la disidencia de las Farc, Carlos Patiño, por territorios.
“Tenemos un grave desplazamiento (...) en este momento hay una aparente calma pero el temor persiste, así que seguramente seguirán trasladándose hacia la cabecera municipal de Argelia”, dijo Daniel Molano, defensor regional de Cauca, sobre esto.
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