Gustavo Petro invita a dictadores de Venezuela y Nicaragua a volver a la OEA

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mencionó, durante la posesión de nuevos embajadores de Colombia —que tuvo lugar este martes 13 de septiembre— que ya ha pedido a los líderes de los regímenes en Nicaragua y Venezuela que regresen a la Organización de los Estados Americanos (OEA), comunidad garante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El argumento del líder colombiano para invitarlos de vuelta a la OEA es que su mandato está más vigente que nunca; prueba de ello es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le garantizó a él mismo el derecho fundamental a elegir y ser elegido. No obstante, advirtió que no está en capacidad de obligar a nadie y que la decisión debe ser iniciativa de ellos.

El comentario del presidente se dio porque uno de los posesionados en la ceremonia fue Luis Ernesto Vargas, el embajador ante la OEA, el primer diplomático en ser nombrado para servir en el periodo de Petro, y el que despertó controversia al haberse ausentado del encuentro del 12 de agosto para condenar las violaciones de derechos humanos en el régimen del nicaragüense Daniel Ortega, bajo órdenes del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán.

A propósito de las posturas políticas de la OEA, Petro lanzó un puntapié y acusó a la organización de polarizar al continente en lugar de buscar una cohesión: “La OEA se ha dedicado a excluir países, a dividir a América, cuando debería ser el integrador de América por encima de la diversidad ideológica. Deben realizarse dos tareas: que la OEA sea centro diverso y plural, y que el sistema interamericano de Derechos Humanos se fortalezca”. Finalmente, Petro le aseguró a Vargas que confía en su experticia para lograr dichos encargos desde su nuevo puesto.

Cabe recordar que Vargas Silva se formó como doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre de Colombia, tiene una especialización en derecho de familia de la misma universidad, y es doctor en derecho privado, derecho de la persona y de la familia de la Universidad de Zaragoza, en España.

Fue magistrado de la Corte Constitucional de Colombia entre el primero de marzo de 2009 y el 28 de febrero de 2017, y fue presidente de ese tribunal en 2014. Desde ese cargo presidió la Sala Especial de Seguimiento, que se creó para la ejecución de la sentencia estructural T-025 de 2004 mediante la cual esa corporación declaró un Estado de Cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado.

Además de dejar su posición sobre los derechos de los desplazados, la corte en ese tiempo logró la protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, hizo seguimiento a la creación e implementación de un programa de prevención del impacto de género mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género, en el marco del Conflicto Armado y el Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas.

Cuando Enrique Gil Botero renunció a ser comisionado de la CIDH en 2017 —para ocupar el cargo de ministro de Justicia—, Colombia presentó el nombre de Vargas Silva como candidato para ocupar su espacio hasta diciembre de 2019 y fue designado para cumplir ese periodo.

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