Cuatro organizaciones sociales dedicadas a causas de salud pública mostraron su respaldo público a la propuesta de un grupo de congresistas para aumentar las restricciones a los productos de tabaco y sus derivados, como las máquinas vapeadoras. Además, se animaron a sugerir restricciones adicionales, como triplicar los impuestos que ya existen para los productos de tabaco e imponer uno del 150 % a los dispositivos electrónicos con o sin nicotina.
En un comunicado conjunto, la Red Papaz, el Instituto Nacional de Cancerología, el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (Proesa) de la Universidad Icesi y la fundación antitabaquismo Anáas, mostraron su respaldo al proyecto para reformar la Ley 1335 de 2009. Este documento fue firmado por senadores y representantes de partidos como Alianza Verde, Pacto Histórico, Nuevo Liberalismo y Dignidad, y busca desarrollar programas de salud y educación escolar contra el tabaquismo, así como añadir productos “sucedáneos o imitadores” del tabaco, que no existían cuando se aprobó la ley vigente.
Los congresistas firmantes aseguran que la publicidad y promoción de los vapeadores y cigarrillos electrónicos ha aumentado en los últimos años y pone en riesgo el avance que tuvieron las medidas contra el tabaco antes de su llegada. Entre otras cosas, reprochan que no haya restricción a su publicidad y venta o que no haya espacios de no consumo. Colombia es uno de los pocos países de la región que no ha legislado sobre el tema, lo cual facilita el acceso a potenciales consumidores de estos productos y, a largo plazo, la normalización del consumo de cigarrillos tradicionales.
El proyecto de ley actual incluye aspectos como el empacado de los productos y la ampliación de zonas libres de humo. No obstante, las organizaciones de salud pública quieren ir más allá: esperan que en la reforma tributaria se incluya un alza a los impuestos del tabaco. “Es una medida de comprobada eficacia, que puede salvar millones de vidas, reducir la pobreza e incrementar los recursos internos del país para financiar el desarrollo”, menciona el comunicado.
“Existe una experiencia acumulada por décadas de implementación y evaluación en países, tanto de ingresos altos como medios y bajos, que han elevado los impuestos al tabaco haciéndolo menos asequible y, como muestra la evidencia, reduciendo su consumo”, añaden.
También argumentan que el precio de los cigarrillos en Colombia es uno de los más bajos de la región, además de ser altamente asequible —especialmente entre menores de edad—. Con respecto a los dispositivos electrónicos, dicen que hay un vacío tributario y una baja carga fiscal, si se le compara con el impacto en la calidad de vida de sus usuarios.
Por ello, recomiendan que el impuesto sobre la cajetilla de 20 cigarrillos aumente de 2.800 a 8.400, una tarifa que debería actualizarse cada año con el IPC más 4 puntos porcentuales. En el caso de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, sugieren una tarifa ad valorem de 150 % sin importar si los dispositivos administran nicotina o no. La tarifa elevada sería una barrera protectora para que los menores de edad no los compren.
“Esta tarifa establece un tratamiento tributario equivalente al de los cigarrillos convencionales, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, dicen las organizaciones, que también calculan un recaudo de más de un billón de pesos si se considerara esta medida.
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