JEP rechaza solicitud de sometimiento de alias Nicolás, miembro del Clan del Golfo y cercano a alias Otoniel

La decisión se tomó porque el tribunal no tiene competencia para investigar a exintegrantes de grupos paramilitares

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Corte Suprema de Justicia avala la extradición de alias 'Nicolás' a los Estados Unidos por Narcotráfico. Foto: Policía
Corte Suprema de Justicia avala la extradición de alias 'Nicolás' a los Estados Unidos por Narcotráfico. Foto: Policía

El lunes 12 de septiembre la sección de apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decidió rechazar la solicitud de sometimiento hecha por Carlos Antonio Tuberquía, alias Nicolás, subcomandante del Clan del Golfo y además, el hombre de confianza de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel.

Esta decisión fue tomada debido a que el alto tribunal de paz no tiene competencia para investigar a los exintegrantes de grupos paramilitares, y alias Nicolás perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y al Clan del Golfo.

“El peticionario tuvo la calidad de exintegrante de las AUC, y en que tampoco se adecuaba a los requisitos para el ingreso excepcional de estos actores del conflicto armado a la JEP. Al respecto, el peticionario informó que, previo a su vinculación con las AUC, combatía en las filas de un grupo subversivo remanente del desmovilizado EPL, por lo que no tuvo la condición de tercero colaborador o financiador de las AUC necesaria para su ingreso excepcional a la JEP”, expresó el tribunal de paz.

Además, agregó que a pesar de que en el recurso legal la defensa del excomandante sostuvo que su condición fue la de un “tercero civil financiador”, no se presentaron elementos de prueba que sustentaran esta condición y, al contrario, su papel como combatiente del Clan del Golfo está claramente demostrado.

“No basta con alegar una calidad personal determinada para que esta deba ser analizada en primera o en segunda instancia, en realidad, dicho análisis solo se justifica en la medida en que se advierta un mínimo de elementos de convicción que hagan verosímil la alegación, condición que no se verifica en este caso”, se lee en la sentencia.

Si bien Moreno Tuberquía señaló su intención de someterse y participar en el caso que investiga la violencia en el Urabá antioqueño, aportando verdad que él mismo denomina “desconocida” para las víctimas, la JEP lo rechazó por su condición de exparamilitar. “La JEP es palmariamente incompetente para conocer del caso del señor Moreno Tuberquia, porque no satisface el factor personal como antiguo integrante de la disidencia del EPL, de las AUC y de AGC”, señaló el tribunal.

La jurisdicción agregó que la condición de agente del Estado tampoco le es aplicable debido a que tuvo un papel de combatiente en los distintos grupos armados en el Urabá y en los llanos orientales.

Actualmente, el excomandante está en Estados Unidos a donde fue extraditado el viernes 25 de marzo, trámite impulsado por el expresidente Iván Duque. Los delitos por los que fue requerido por la justicia estadounidense tienen que ver con concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por esa razón, el Gobierno de los Estados Unidos, a través de votos verbales, solicitaron “la detención provisional con fines de extradición” de alias ‘Nicolás.

De hecho, desde 2018 está legalizada esa decisión. “Con su extradición ratificamos nuestra cooperación con países aliados en la lucha contra este flagelo, que ha cobrado miles de vidas en Colombia y el mundo”, manifestó en ese entonces, el exmandatario Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter.

La historia de la tutela que le fue negada al individuo inició el pasado 25 de noviembre, cuando la misma sala de la Corte emitió un concepto de 69 páginas en el que aprobaba la solicitud presentada por el Gobierno de los Estados Unidos con relación a la extradición de alias Nicolás para que responda por del delito de narcotráfico ante la justicia de este país.

Sin embargo, como ya se mencionó, fue negada cuando lo extraditaron a Estados Unidos, luego de que fue detenido el 5 de agosto de 2018 en un operativo articulado entre la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía General de la Nación en el municipio de San Rafael, departamento de Antioquia. El hombre tenía en su contra diez órdenes de captura por los delitos de desaparición forzada, desplazamiento, financiación del terrorismo, homicidio agravado y tráfico de estupefacientes.

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