Dentro de los cambios que pretende implementar Gustavo Petro durante su cuatrienio está la reforma política, que cambiaria las reglas de juego de las campañas electorales en el país. La propuesta fue formulada entre varios sectores políticos y será radicada por el ministro del Interior, Alfonso Prada, este 13 de septiembre ante el Congreso de la República para su debate y votación.
La reforma política que se radicará tiene dos objetivos claves: pretende regular el financiamiento de las campañas electorales y modificar algunas condiciones para los aspirantes.
“Este acto legislativo tiene por objeto incorporar en la Constitución ajustes en materia de financiación estatal de las campañas políticas, la regla general de listas cerradas a cargos de elección popular y los principios de democracia interna de los partidos”, dice el primer artículo de la propuesta.
Para lograr los objetivos se plantearon cuatro ejes:
1. Corte Electoral
El principal es la creación de una Corte Electoral, con tribunales electorales que estarían adscritos a la Rama Judicial. Estas entidades asumirían algunas competencias que actualmente tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE), que pasaría a llamarse el Consejo Electoral Colombiano. Sus funciones se articularían con otras que tiene el Consejo de Estado, especialmente su Sección Quinta, es decir la que se encarga de decidir sobre la legalidad de los actos que se expiden en el proceso electoral.
Entre las funciones de la Corte Electoral estaría conocer las demandas de nulidad sobre actos de contenido electoral y resolverlas en un término máximo de 4 meses posterior a la declaratoria de la elección. El actual CNE entonces velaría por temas de carácter administrativos como la aprobación del censo electoral, la vigilancia y control de las campañas electorales, y el desarrollo de los escrutinios.
2. Financiación de campañas
Se buscará centralizar la financiación de las campañas desde el Estado, sin la posibilidad de que agentes externos hagan parte de ese proceso. En el documento se establece que el Estado colombiano financiará a quienes tengan personería jurídica de la siguiente manera:
“El 30 % se distribuirá en partes iguales entre todos los partidos inscritos, el 40 % será para los partidos dependiendo del número de curules obtenidas en la última elección al Congreso, el 10 % será para todas las colectividades según el número de escaños en concejos municipales, lo mismo para asambleas departamentales, el 5 % para las mujeres elegidas con la condición de que eso se deberá invertir en estrategias para el fortalecimiento de la participación de las mujeres en política, y lo mismo sucederá para el caso de los jóvenes”.
3. Transfuguismo
La Reforma Política de la era Petro pretende avalar que los congresistas puedan cambiar de partido político mientras están laborando ya sea en el senado o en la cámara y que esto no represente doble militancia. Para controlar la situación se plantea dar un plazo de tres meses para efectuar el cambio.
4. Derechos políticos para servidores públicos
Este punto se espera que sea el más controversial, pues propone que solo una autoridad judicial competente sea la encargada de limitar los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular (gobernadores, alcaldes, concejales, etc). Es decir que se le quitaría la competencia a la Procuraduría General.
Además de estos ejes, se propondrían más cambios que afectarían la forma en la que son electas las personas. Por ejemplo, se contempla modificar las condiciones bajo las que las fuerzas políticas consiguen y conservan su personería jurídica. Actualmente, esta se otorga si el grupo obtiene al menos un 3 % de votos al Congreso, pero de aprobarse la reforma solo se avalaría tras el cumplimiento de ciertas condiciones.
También se propone bajar las edades mínimas requeridas para ser senador o representante a la Cámara. La reforma contempla bajar ese mínimo a 25 años, para el caso de la Cámara se plantea pasar de 25 años a 18 años de edad. Cabe mencionar que, actualmente para ser senador el aspirante debe tener 30 años en el momento de la elección.
Otra propuesta es limitar la reelección en todas las corporaciones legislativas. Se propone que nadie podrá ser elegido para más de dos (2) períodos consecutivos en el Congreso, Asamblea Departamental, Concejo Distrital o Municipal, o Junta Administradora Local.
También se acabarían las listas abiertas o el voto preferente. Es decir, los votantes tendrán que elegir por un partido o movimiento y no por un candidato en particular, esto aplicaría para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes.
Sobre el material publicitario en las elecciones populares se aclara que no se podrán entregar ni exigir donaciones, dádivas o regalos para ejercer el derecho al voto, pero sí material propagandístico.
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