Contralor de Bogotá confirmó hallazgos disciplinarios y fiscales en la Secretaría Distrital de Integración

Desde la cuenta de Twitter de la Contraloría de Bogotá, Julián Ruiz, líder de la entidad, hizo entrega de algunos resultados obtenidos en las auditorias realizadas a la Secretaría de Integración Social, de las cuales resalta el hallazgo disciplinario y fiscal por más de 2.300 millones de pesos.

Este procedimiento tuvo cabida gracias a las constantes denuncias realizadas por parte de la ciudadanía, frente a las irregularidades presentadas en la atención a la población más vulnerable de la ciudad, además, Ruiz recalcó que la Controlaría de Bogotá en tan solo tres meses logró disponer de resultados completos y palpables.

“Después de una visita fiscal en donde encontramos hallazgos disciplinarios en razón a la falta de planeación en cuanto a los bonos canjeables por alimentos, a la tención de adultos mayores en situación de calle o en riesgo de estarlo y en cuanto a los jardines de población inicial” añadió el contralor.

En cuanto a los hallazgos fiscales, Ruiz explicó que estas incidencias ya fueron trasladadas a la Personería de Bogotá, para que se inicien investigaciones correspondientes, para determinar de esta manera a los responsables directos, quienes deberán responder ante los bogotanos.

“Los hallazgos fiscales efectivamente deben ser trasladados a los operadores de responsabilidad fiscal de la Contraloría, en donde se deberá determinar si se abre el proceso de responsabilidad fiscal para establecer a ciencia cierta la cuantía del daño patrimonial”, explicó Ruiz.

Asimismo, el contralor recalcó otro resultado en materia de comedores de población vulnerable. “Encontramos un hallazgo fiscal de más de 2.300 millones de pesos en relación con el posible pago en mayor cantidad de las raciones alimentarias respecto del costo referencia que tenían las minutas en los convenios correspondientes”.

Cabe destacar que la Contraloría determinó un total de 21 hallazgos administrativos, de estos, diez cuentan con una presunta incidencia disciplinaria y otras seis, fiscal, con un coste de 2.366 millones de pesos, estas evidencias obedecen a hechos acontecidos durante la gestión de Xinia Navarro como secretaria de Integración Social.

La Contraloría descubrió debilidades en el seguimiento y control a la gestión adelantada por la Secretaría de Integración Social, en donde se lograron identificar riesgos en la administración de los recursos, para alertar sobre el posible cierre de servicios por no adelantar con los procesos contractuales oportunamente.

En este caso, la Contraloría resalta que la Secretaría de Integración Social pudo evitar el cierre de algunos de estos comedores comunitarios, pero no lo hicieron, lo que conllevó a que se presentaran incumplimientos en la entrega de las raciones alimentarias, concretadas para estos comedores.

Cabe recordar que varias de estas denuncias públicas, realizadas desde el Concejo de Bogotá, fueron presentadas por Lucía Bastidas, quien realizó un debate de control político a finales de julio, en el que le reclamó a la administración de Bogotá la falta de gestión, acosos laborales, pagos e irregularidades que presentaban en la Secretaria de Integración Social.

“Las denuncias vienen de todos lados, no es solo un sector o una población específica, es en todos los programas, y por ende, se afecta gravemente a los ciudadanos más vulnerables; en repetidas ocasiones he alertado lo que está pasando. Hablamos de falta de pago de bonos canjeables a ciudadanos, demoras en pagos a contratistas, acoso laboral, desabastecimiento técnico, cierre de comedores comunitarios, cierre de jardines y de alimentos en jardines y más”, recalcó Bastidas.

Dentro de las quejas que dio a conocer la concejal involucran a la Subdirección de Abastecimiento, sobre falta de recursos que impiden cubrir los bonos del mes de mayo de la entidad. “Revisando las órdenes de compra con el contrato 1076278527/2021 con la orden de compra 78527-2021, solo se cubren hasta el mes de abril. Se trata de bonos que van dirigidos a 13 mil usuarios que no han podido canjear el bono del mes pasado a pesar de las necesidades que obviamente tienen”.

Asimismo, recalcó los cierres que se presentaron en los comedores comunitarios que con el proceso de Secop N° SDIS-DCT092-001-2021, la prorrogas a este contrato, que solo pudieron sostener los comedores hasta el mes de julio.

Por otro lado, denunció las acciones que estaban ocurriendo en los jardines infantiles a cargo de Integración Social. “Son varios los servidores y contratistas que nos han buscado con quejas sobre el desabastecimiento en varios de ellos, mercados intermitentes, que no cumplen con los requerimientos nutricionales planteados para los niños beneficiarios, en donde incluso los profesores y auxiliares deben sacar de su bolsillo para comprar los productos faltantes, cuando hay oportunidad, porque cuando no se tienen, los niños solo comen arroz y grano”.

Ya para finalizar, Bastidas hizo un llamado urgente a los organismos de control de la ciudad, Personería, Veeduría y Contraloría para investigar estas irregularidades por parte de la secretaría en cuestión, lo que determinó y conllevó a los resultados ofrecidos durante el transcurso del día por parte del contralor Julián Ruiz.

SEGUIR LEYENDO: