Colombia firmó declaración ante la ONU en contra de la violación a los derechos humanos en Nicaragua

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció este martes el continuo “deterioro” de la situación en Nicaragua, con “graves violaciones” de los derechos civiles, y ataques contra la Iglesia y la libertad de prensa.

“En los últimos meses la Oficina ha observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose. Este deterioro abarca graves violaciones de los derechos civiles y políticos, la ausencia de un diálogo nacional, la profundización de la crisis política, y el aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional”: indicó el director de Operaciones en el Terreno de la Alta Comisaría, Chistian Salazar.

Esta declaración en contra de la violación a los derechos humanos en Nicaragua no es sorpresa distintos países han manifestado constantemente preocupaciones respecto al rumbo que tomó Daniel Ortega como máximo jede de Estado del País.

El hecho llamativo y hasta ahora inédito, fue que el Gobierno Colombiano, decidió firmar un comunicado suscrito por un total de 46 países. apoyando el informe de la Alta Comisionada y destacando “el contínuo y progresivo deterioro de los derechos humanos” en NIcaragua.

La comunicación suscrita, entre otros países, por Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuadro, Paraguay, Perú y Uruguay, además de los principales países de los Estados Unidos y los principales países de Europa, resalta que “Nicaragua ha continuado reprimiendo los derechos y las libertades” y ha empeorado “el disfrute de la libertad de opinión y expresión”

La firma de Colombia en este comunicado resultó sorpresiva, dado que el presidente Petro junto a su Canciller Álvaro Leyva, protagonizaron en las primeras semanas de mandato un escandalo, dado que estuvieron ausentes en la sesión convocada por la Organización de Estados Americanos OEA, para condenar las presuntas violaciones a los derechos humanos evidenciadas por la CIDH en Nicaragua a manos del régimen de Daniel Ortega.

En esa ocasión desde la Cancillería se informó que la decisión había sido tomada para no afectar las relaciones internacionales, esto costó que varios sectores políticos, especialmente la oposición, solicitaran debates de control y moción de censura en contra de Álvaro Leyva.

No solamente fueron sectores de oposición, movimientos sociales también cuestionaron en aquel momento el silencio del Estado Colombiano, por lo que resulta curioso que un mes después de lo ocurrido el país cuestione las vulneraciones cometidas por el régimen de Daniel Ortega.

En la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Alto Comisionado presentó un crítico informe contra el régimen de Ortega, al que acusa de no cooperar y de incumplir con las recomendaciones emitidas por su oficina.

La agencia denunció los ataques contra la Iglesia Católica, como el reciente arresto del obispo de Matagalpa, el crítico Rolando Álvarez, o contra la libertad de expresión, como el cierre de radios católicas o la confiscación del inmueble del diario crítico La Prensa.

En una respuesta grabada, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, mostró su “rechazo total” a las consideraciones de la agencia de la ONU que, en su opinión, “se sigue prestando a una engañosa, infame y falsificada situación de los derechos humanos”.

“No aceptamos esas recomendaciones por las que pretenden inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua”, añadió.

El responsable del Alto Comisionado se dijo especialmente preocupado “por la continua detención arbitraria de al menos 195 personas en relación con la crisis sociopolítica”.

Entre estos presos figuran siete ex candidatos presidenciales en las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega obtuvo su cuarto mandato consecutivo no reconocido por numerosos países.

Salazar lamentó que se incumplieran las recomendaciones de “abstenerse de detener arbitrariamente a más personas que disienten con el gobierno y de liberar a todas las que estaban detenidas”.

También criticó que el régimen “no haya iniciado un diálogo nacional” que “es una de las vías más eficaces para resolver la actual crisis social, política y de derechos humanos” iniciada en 2018.

Entonces, Ortega reprimió duramente unas importantes protestas de la oposición que pedía su dimisión. El ex guerrillero aseguró que esas manifestaciones fueron un “fallido golpe de Estado” promovido con ayuda de Washington.

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