Clan del Golfo: descubren un depósito de armas en el departamento de Chocó

Al inicio de esta semana, el Ejército Nacional informó que se llevó a cabo una operación para identidicar el sitio en el que se encontraba un depósito ilegal de armas, municiones, explosivos y material de comunicaciones, cuyo propósito estaría destinado a la explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento de Chocó, por parte del Clan del Golfo.

“En operaciones militares sostenidas, en cumplimiento a nuestra misión constitucional, así como en atención a las recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo, con el fin de contribuir a la mitigación de los factores de riesgos señalados en las Alertas Tempranas N° 049 de 2019 y 021 de 2020 que tienen como propósito principal advertir oportunamente los riesgos y amenazas a los derechos a la vida, a la integridad; libertad y seguridad personal, libertades civiles y políticas, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, Unidades Militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, adelantaron varias operaciones ofensivas en contra del GAO Clan del Golfo en los municipios de Quibdó, Bojayá, Istmina, Rio Quitó y Cantón de San Pablo en el departamento del Chocó”, señala un comunicado emitido por el Ejército.

Según voceros oficiales, durante esta primera ofensiva destinada a detener las economías ilícitas de la subestructura denominada ‘Héroes de Jesús Carreteras’, llevadas a cabo en los municipios de Quibdó, Río Quito y El Cantón de San Pablo, fueron halladas y destruidas un total de 23 unidades de producción minera conformadas por cinco retroexcavadoras, seis estructuras ‘Dragones Mineros’, seis motores, 2000 galores de ACPM, dos motobombas y equipo de soldadura. Las unidades sumaban un costo total de aproximadamente 13 mil millones de pesos.

Luego del operativo, el grupo ilegal estaría dejando de percibir alrededor de 15 mil millones de pesos producto de la economía ilegal. Asimismo, en las inmediaciones de Río Cuia y Río Chicue, en el municipio de Bojayá, después de que tropas de la Fuerza de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán se enfrentaran a miembros del Clan del Golfo, se logró la captura de alias ‘Diablito’, integrante de la subestructura ‘Pablo José Montalvo Cuitiva’, perteneciente al mismo grupo ilegal. Presuntamente, era la persona encargada de los explosivos y las minas antipersona en esa zona.

Las autoridades lo encontraron con 22 artefactos explosivos en su poder, los cuales sería utilizados en contra de la población civil del territorio y la fuerza pública. Durante el procedimiento, el Ejército procedió a destruir en el sitio las unidades.

En el comunicado, el Ejército también informa sobre otra operación militar en el Corregimiento de la Unión del municipio de Istmina, sobre el río Dipurdú de los indios, se encontró un depósito con armamento de guerra: 20 fusiles, 3 escopetas, 400 cartuchos de diferentes calibres, 57 proveedores, 5 kilos de explosivos, 4 minas antipersonas, 6 equipos de campaña, 3 chalecos multipropósito, 2 radios base y una serie de documentos que revelan inteligencia militar de gran importancia. Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Entretanto, la representante a la Cámara Carolina Giraldo, quien en días pasados había denunciado que dinero de proyectos de paz, destinado a excombatientes, había sido girado a miembros del Clan del Golfo, recibió amenazas por vía telefónica contra ella y algunos integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo. “Los vamos a matar, por eso es que se hacen matar, por sapos”, les dijeron.

Las intimidaciones las recibió la semana pasada cuando en el Congreso se realizó una sesión dedicada a establecer qué pasó con los recursos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Paz durante la pasada administración del gobierno de Iván Duque, donde se ha denunciado la pérdida de hasta medio billón de pesos que estaban presupuestados para proyectos productivos con excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc.

Ante la situación, la Unidad Nacional de Protección (UNP) indicó que están revisando el esquema de seguridad de la funcionaria, quien también fue una de las férreas defensoras para que Colombia ingresara al Acuerdo de Escazú.

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