Carolina Giraldo, una de las representantes a la cámara de Risaralda por el Partido Verde, denunció que a ella y a los integrantes de su equipo de trabajo legislativo los amenazaron de muerte a través de llamadas telefónicas, justo después de que un realizara su intervención en un debate de control político en el Congreso de la República donde aseguró que dinero que estaba destinado para proyectos contenidos dentro del acuerdo de paz con las Farc terminaron incluso en manos de miembros del Clan de golfo.
Las intimidaciones las recibió la semana pasada cuando en el Congreso se realizó una sesión dedicada a establecer qué pasó con los recursos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Paz durante la pasada administración del gobierno de Iván Duque, donde se ha denunciado la pérdida de hasta medio billón de pesos que estaban presupuestados para proyectos productivos con excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc.
“Los vamos a matar, por eso es que se hacen matar, por sapos”, les dijeron a ella y a los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
La representante aseguró que las amenazas estaban relacionadas con los hallazgos que hicieron a través del rastreo de las contrataciones que se llevaron a cabo en su departamento y que, al parecer, incluso llegaron a manos de miembros de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
“Destapamos una olla podrida con los recursos de OCAD Paz, más de 34.000 millones fueron destinados para siete contratos en ocho municipios de Risaralda, donde nos dimos cuenta que había una contratación por parte de las empresas fachadas del Clan de Golfo”, citaron de las declaraciones de Giraldo en la emisora Caracol Radio.
De hecho, reseñaron en el periódico El Tiempo, en su rastreo hallaron un contrato con el que se construirían 1,6 kilómetros de placa huellas por 2.200 millones de pesos en el municipio de Balboa, recursos que habrían terminado en manos de un condenado del grupo descendiente de las extintas Auc.
“Nos tomamos el trabajo de revisar de quién es y resulta que su representa legal es nada menos y nada más que Jhon Fredy Zapata, alias ‘Messi’, una persona capturada, condenada y esperando extradición. Esta persona hace parte de esa estructura de fachadas del ‘clan del Golfo’”, citaron de sus declaraciones en el diario bogotano.
Tras las graves amenazas, se han solidarizado con ella distintos sectores políticos del país, comenzando por su propia colectividad: el Partido Alianza Verde.
“Las denuncias de nuestra dirigente durante el debate que se gestó en el Congreso de la República, dan cuenta de la gravedad de los hechos. Grupos criminales la han hostigado a ella, su familia y grupo de trabajo en los últimos días para que desista y deje de lado toda investigación. Nos solidarizamos con ella y los afectados; pedimos a las autoridades avanzar en las investigaciones y brindar todas medidas de seguridad para salvaguardar su integridad y vida”, afirmaron en un comunicado.
También la apoyó Ángela María Robledo, exrepresentante a la Cámara del mencionado partido: “Solidaridad con la Rte a la Cámara por Risaralda Corolina Giraldo @CaroGiraBo por las amenazas que ha recibido, después del debate por corrupción de los Ocads paz en su depto. Su vida y la de su familia es sagrada. @unp (sic)”.
Ante la situación, la Unidad Nacional de Protección (UNP) indicó en El Tiempo que están revisando el esquema de seguridad de la funcionaria que también fue una de las férreas defensoras para que Colombia ingresara al Acuerdo de Escazú.
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