Representante a la Cámara será investigado por la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito

Un mes después de confirmar que el Representante a la Cámara, Néstor Leonardo Rico será investigado por corrupción, la Corte Suprema de Justicia abrió el caso formalmente y citó al congresista a indagatoria. Aún no se ha indicado la fecha de la audiencia, pero se espera que se realice antes de finalizar el mes.

Este caso fue abierto por la Fiscalía General de la Nación, pero ahora, al ser congresista, la asumió la Corte Suprema de Justicia. Entre la información que tienen las autoridades hasta ahora es que Rico había incurrido en enriquecimiento ilícito cuando era contralor de Cundinamarca, entre los años 2012 y 2015.

La Corte señala que Rico habría incurrido en corrupción y esto le permitió adquirir algunos bienes, como un predio en Panamá, empresas, un proyecto inmobiliario y otros bienes que habría comprado usando el nombre de algunos de sus familiares.

Esta investigación se suma a la que ya tiene abierta por su presunta participación en una red de corrupción. De acuerdo con la Fiscalía, la organización habría sido liderada por el magistrado Carlos Alberto Vargas, del Tribunal Administrativo de ese departamento e integrado por abogados que desviaron varias acciones judiciales.

Vargas, junto con su novia, Kelly Eslava, lideraban una empresa que amañaba fallos a cambio de dinero. De hecho, una de las decisiones más importantes que se tomó dentro de esta red fue contra el Acueducto de Bogotá: se determinó que la capital colombiana debía pagar una millonaria indemnización por haberse negado a comprarle a un civil un predio que estaba adjunto al humedal Jaboque, ubicado en la localidad de Engativá.

En audiencia llevada a cabo en junio, Eslava confirmó lo que investigaba la Corte: que ambos desviaban fallos del Tribunal de Cundinamarca. También había detallado las presiones que ejercían sobre sus clientes para que, antes de que el exmagistrado renunciara a su cargo, pagaran las altas sumas de dinero de las decisiones judiciales emitidas.

Además, confirmó las hipótesis de la Fiscalía sobre la sociedad ilegal que vendía los fallos, precisando que otro de los casos grandes que tenía en su despacho era proteger a una empresa de un embargo de 800 millones de pesos por parte del Hospital El Salvador. “De manera incisiva yo le hago saber al ingeniero ‘póngase las pilas, formalice los acuerdos que tiene que formalizar con el magistrado Vargas porque su compañía depende de eso’”, dijo Eslava en la diligencia.

En este y en otros procesos, el exmagistrado torpedeó los procesos para condenar a la Nación y que pagara altas sumas a particulares que previo a las decisiones, habían contactado a este y a Eslava. Sumado a eso, durante el proceso la Fiscalía ocupó sus bienes con fines de extinción de dominio. En total fueron tres inmuebles ubicados en Tibacuy (Cundinamarca), uno en Rivera (Huila), uno en Icononzo (Tolima), uno en Bogotá y un edificio en Bucaramanga (Santander); además de cuatro vehículos y una motocicleta.

Asimismo, el órgano de control fiscal argumentó que al parecer, estas propiedades “fueron adquiridas con los dineros que, supuestamente, recibió por direccionar sus decisiones para favorecer los intereses de algunas de las partes en los procesos”. Sumado a eso, indicaron que estuvieron avaluadas en 9.000 millones de pesos.

Para la entidad, el extogado del Tribunal Administrativo departamental se habría valido “de un primo suyo y una abogada que fue judicante de su despacho”, encontrando además evidencia de manipulaciones al sistema de reparto y demás irregularidades asociadas con el traslado de determinados casos a su despacho.

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