Procuraduría solicitó medida de aseguramiento contra el coronel (r) Benjamín Núñez por el triple ‘falso positivo’ en Chochó, Sucre

El lunes 12 de septiembre se conoció la solicitud de la Procuraduría General de la Nación sobre el coronel retirado de la Policía Benjamín Núñez, señalado de ser el principal responsable de la muerte de tres jóvenes en el corregimiento Chochó, en Sucre, y que después fueron presentados como supuestos integrantes del Clan del Golfo asesinados en respuesta al plan pistola liderado por ese grupo.

Al exalto mando policial, que se entregó el pasado viernes 9 del mismo mes, le fueron imputados los cargos de homicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y privación ilegal de la libertad. Núñez, por su parte, no aceptó los cargos, afirmando que buscaría una negociación con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la gravedad de los delitos y que estuvo prófugo de la justicia desde finales de agosto cuando emitieron en su contra circular roja de Interpol, la Procuraduría General de la Nación solicitó al juez promiscuo municipal de Tolú, la imposición de medida de aseguramiento contra el coronel retirado, argumentando que representa un peligro para la sociedad.

Por ello, la delegada del órgano de control argumentó que Núñez debe recibir una alta condena por su participación en los hechos cometidos el 25 de julio: “El Ministerio Público sí le solicita a la Fiscalía que investigue más a fondo todo esto que ocurrió en los hechos, porque hay versiones diferentes en todas esas declaraciones juramentadas”, añadió la funcionaria de la Procuraduría, pidiendo de paso celeridad a las pesquisas.

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En medio de la audiencia llevada a cabo el pasado 10 de septiembre, el fiscal del caso señaló que el coronel está en plena capacidad de sus funciones mentales y es totalmente consciente de que sus acciones contra los tres fallecidos eran ilegales: no podía detenerlos ni asesinarlos, incluso en el caso de que estuvieran involucrados en alguna actividad delictiva.

Además, el funcionario reiteró que el coronel en retiro gastó por lo menos siete cartuchos de su arma de dotación, los cuales repuso después “para torpedear la investigación, pretendiendo con ello eludir su responsabilidad por la muerte de los tres jóvenes”.

En ese sentido, se llegó a la conclusión de que él “conocía que estaba privando de la libertad a tres personas sin que mediara orden de captura, disparó con el fin de vengarse, lesionando la vida”. Vale indicar que las necropsias arrojaron que los jóvenes Carlos Ibáñez Mercado, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz Monterroza recibieron impactos de bala en el tórax a menos de 60 centímetros de su humanidad. Las otras heridas, dice el reporte, no tenían el propósito de causarles la muerte, pero sí de generar dolor intenso a los tres jóvenes.

La intervención de la Procuraduría concuerda con la proferida por la jueza con función de control de garantías de Sincelejo —la misma que le imputó delitos a los otros 10 policías involucrados en el caso—, quien manifestó que la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario es proporcional, necesaria y adecuada para el caso. Al respecto, argumentó que se trata de un caso preocupante donde tres jóvenes fueron víctimas de privación ilegal de la libertad, tortura y homicidio agravado.

El coronel (r) se encuentra detenido en el búnker de la Fiscalía en Bogotá a la espera de que sea definida su situación jurídica.

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