Excongresista investigado por nexos con las Farc le pidió permiso a la JEP para irse a Punta Cana

Desde el pasado 4 de agosto de 2022 la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad recibió una petición para salir del país por parte del excongresista Luis Fernando Almario Rojas, entre el 5 y 13 de octubre de 2022.

Es importante recordar que al compareciente voluntario se le investiga por hechos relacionados con diversas conductas de competencia de la Justicia Especial para la Paz -JEP-, de las cuales habrían sido víctimas la familia Turbay Cote, funcionarios vinculados con su protección y amigos, en hechos perpetrados por miembros del Frente 15 de las Farc-ep y la Columna móvil Teófilo Forero de dicha organización, entre junio de 1995 y diciembre de 2000.

El excongresista dijo que tendría como destino la ciudad de Punta Cana en República Dominicana y que el motivo de su viaje era reencontrarse con su hijo Paolo Andrés Almario y afianzar los lazos familiares, porque su primogénito estaría asilado en Canadá por motivos políticos y no se le permite visitar Colombia, según indica el excongresista investigado por sus nexos con las Farc.

A través de Auto AT-179 de 12 de agosto de 2022, la SAR previo a resolver la autorización solicitada y ordenó al Fiscal 09 y al apoderado del señor Almario, informar a la Sección si el exrepresentante a la Cámara se encuentra condenado, sindicado, imputado o acusado ante la Jurisdicción ordinaria, además de indicar si ha obtenido beneficios transicional.

Respecto a la solicitud de esta información se encontró que Almario está condenado por concierto para promover grupos armados al margen de la ley y constreñimiento al sufragante, en este sentido, el excongresista se encuentra en libertad condicional según auto de 23 de diciembre de 2016 y su condena es vigilada por el Juzgado 24 de Ejecución de penas y medidas de seguridad y se adelanta actualmente ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de impugnación especial en este asunto.

Es investigado por múltiples homicidios ocurridos el 29 de diciembre de 2000 en la vía que de Florencia conduce a Puerto Rico Caquetá, y perpetrados por la columna móvil Teófilo Forero de las Farc-ep, asunto que fue remitido a la UIA donde se encuentra en etapa de indagación.

Entre las investigaciones está el magnicidio de Diego Turbay Cote, Inés Cote, tres escoltas, un conductor y un amigo de la familia ocurrido el 29 de diciembre de 2000.

En este marco se le negó la salida del país, ya que desde el 23 de diciembre de 2016 le concedió libertad condicional Almario, quien se comprometió entre otras obligaciones a no salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la pena.

Además de que se conoció que el sujeto, hoy investigado, después de someterse a la JEP solicitó en varias ocasiones salir del país, y efectivamente lo hizo, poniendo en riesgo los derechos de las víctimas, según indica la JEP. “Consultada la página de la Rama Judicial por parte del despacho ponente se encuentra que ante el Juez 24, el excongresista ha venido tramitando permisos de salida del país”, indican.

Esto se suma al argumento de que ser parte de la JEP ya es un beneficio y el excongresista lo hizo de manera voluntaria y cuando decidió acogerse a este sistema de justicia lo hizo de manera integral, irrestricta, sin condiciones de su parte y sometido al régimen de condicionalidad que cobija a todos los comparecientes sean forzosos o voluntarios.

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