Según Paloma Valencia, el Plan de Desarrollo no le da permiso a Gustavo Petro para intervenir la CREG

Desde hace semanas se ha venido adelantando un extenso debate en lo que respecta a las altas tarifas del servicio de la luz en la costa colombiana. Dentro de los planteamientos que se han hecho para hacerle frente a la situación está la intervención del Estado, en cabeza de Gustavo Petro, sobre la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas). Tras la confirmación de esta decisión, líderes del uribismo han manifestado su inconformidad y han argumentado que esta acción seria impertinente. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, destacó que esto afectaría, directamente la economía del país.

“Yo creo que al sector energético hay que protegerlo y tener mucho cuidado con ese exceso de facultades que pretende el presidente Petro de adquirir las facultades de la CREG, eso no está en el plan de desarrollo. Yo creo que hay que revisar las tarifas de muchos de los servicios públicos porque en muchos hay excesos”, destacó la política en medio del foro “Las Regiones vuelven al Centro” que se llevó a cabo en Cali.

Fue en el congreso de Andesco (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia), en Cartagena, que el jefe de Estado destacó que desde el Ministerio de Minas se tomaría control sobre esa entidad. Es de tener en cuenta que, de acuerdo con el reporte de inflación de agosto, se supo que la variación anual de este servicio público llegó hasta el 25,9%, siendo la costa la región más afectada con alzas del 40%.

Es de recordar que el presidente de Colombia le atribuyó esta decisión aun artículo del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que señala que el Gobierno Nacional puede asumir las funciones de la Creg. “Las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para firmar los procesos de especulación financiera (...) Lo que aquí causa rechazo es la política lógica en países donde prima el interés general”, dijo Petro.

Además de Paloma Valencia, sobre el tema opinaron otras personalidades del panorama nacional. El expresidente del país, Iván Duque, descalificó esta medida, a través de sus redes sociales. El mundo vive una inflación global que afecta a Colombia. Tenemos una de las inflaciones energéticas más bajas de la OECD. ¿Será que en todos los países quieren intervenir el mercado? Cualquier imposición de precios sin soporte financiero hará el remedio peor que la enfermedad”, sentenció.

El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, destacó, por su parte, que es necesario defender a la Comisión de Regulación de Energía. Calificó de ‘populista’ la propuesta del gobierno del líder del Pacto Histórico. “Defendamos la Creg. Es el Banco de la República de la energía eléctrica y el gas. Evitó apagones por 30 años. Son técnicos que sí conocen a fondo el sector. El sistema necesita inversión y reglas de largo plazo, no populismo. Pueden bajar tarifas sin arrollar la Creg”, detalló.

El pasado 5 de septiembre, Gustavo Petro explicó, con cifras del DANE, lo que estaba ocurriendo con el servicio de luz en el país. “¿Puede aumentar el pago por servicio de electricidad cuando los embalses están llenos y es temporada de muchas lluvias? Citaré a todas las autoridades del sector energético para que nos expliquen este comportamiento extraño (...) Los incrementos en electricidad se dan fundamentalmente en la costa Atlántica. El ministerio de minas y energía explicará públicamente a la región Caribe por qué razón crecen tan sustancialmente las tarifas del Caribe”, reveló.

El DANE, para ese mismo día, reportó que la variación anual del IPC de los servicios de Electricidad, para agosto 2022, fue 25,9%: De ese total, ocho ciudades registraron las variaciones más altas: Santa Marta (49,9 %), Riohacha (47,1%), Barranquilla (44,4%), Sincelejo (40,7%), Valledupar (40,4%) y Montería (40,4%).

A pesar de las determinaciones que se tomarán, el director de la Creg, Jorge Valencia, reveló que “no es momento de señalamientos sino de soluciones. Debemos asumir con compromiso el papel que nos corresponde y entender que las decisiones sobre tarifas corresponden a políticas públicas efectivas que permitan garantizar la prestación del servicio, la estabilidad del sistema y el beneficio de los consumidores. Para la CREG es mandato legal defender a los usuarios(...) la calidad del servicio se refleja en beneficios palpables, es decir, tarifas justas y servicio adecuado”.

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