Gustavo Petro se reunió con líderes indígenas de La Guajira para hablar de los derechos de sus niños

El presidente de Colombia señaló dos problemas para acatar la sentencia T-302 de la Corte Constitucional: el presupuesto del Estado y la corrupción de los entes territoriales

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Presidente de Colombia, Gustavo Petro, en visita oficial a La Guajira
Presidente de Colombia, Gustavo Petro, en visita oficial a La Guajira

Este sábado 10 de septiembre tuvo lugar un encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, algunos funcionarios del Gobierno nacional y líderes sociales de la comunidad étnica wayúu en el municipio de Uribia, departamento de La Guajira. Entre otras cosas, la reunión tenía el propósito de hablar de los derechos fundamentales de las infancias criadas en dicha comunidad. El mandatario aseguró que hay riesgo de que no se puedan honrar tales derechos si el Congreso no aprueba un presupuesto mayor para el año entrante.

En 2017, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-302 para declarar el estado de cosas inconstitucional en La Guajira por la crisis de desnutrición de los niños y niñas de la comunidad wayúu. En ese entonces, el presidente de la República era Juan Manuel Santos y los casos de muertes por inanición estaban a la orden del día. Cinco años y dos presidentes después, la comunidad considera que el Gobierno nacional no ha tomado acciones suficientes para mejorar la situación.

De hecho, algunos pobladores que hablaron con Petro en la reunión de este sábado aseguran que su confianza hacia las instituciones es nula, dado que sienten que el Estado no los percibe como seres humanos.

“Qué triste que nosotros estemos peleando por ser colombianos. El Gobierno colombiano no nos quiere. Se han expedido autos para pedirle al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que nos pidiera perdón y que nos reconociera como sujeto de derecho. El anexo III de la sentencia tiene algo muy claro: que el ICBF declare públicamente que los wayúu son gente, para poder establecer una relación de iguales y poder tomar unas decisiones”, aseguró el líder Custodio Valbuena.

En la reunión, Petro aseguró que el inconveniente para dar cumplimiento a la sentencia no es la falta de voluntad, sino la de recursos. “El tema fundamental es de recursos. No se puede elaborar un programa, unos objetivos de gobierno, unos nortes para la sociedad —la sentencia pone unos— si eso no tiene detrás recursos; porque se vuelve retórica y, como alguien decía aquí, se pierde el tiempo”, mencionó.

También hizo una dura advertencia al respecto: “si el presupuesto no existe para la sentencia, vamos para un desacato”. Además, lanzó una pregunta a los congresistas presentes, que deben discutir el monto del presupuesto de 2023: “De cara a esta sentencia, ¿están los recursos allí?”.

La sentencia exige que se garanticen derechos como la educación, el agua potable y la salud para los niños de la comunidad. “Pues, eso es dinero y, si eso no está en presupuesto hasta el 31 de diciembre del año entrante no habrá nada”, agregó.

Con los recursos en mano, dijo Petro, la conversación cambiará al número de enfermeros, médicos, docentes y proyectos de infraestructura que se necesitarán para cubrir la demanda. “Son problemas que no dejan de serlo, pero que se resuelven si tenemos el primer dato: el presupuesto. La sentencia no contradice eso”, afirmó Petro.

La otra discusión necesaria, señaló es la corrupción de las entidades territoriales: “por qué con tanto dinero que La Guajira ha recibido vía regalías durante décadas estamos es un problema así, eso no tiene explicación lógica. Hay una pérdida de calidad en la política de enorme magnitud en la región, al punto de que las capacidad administrativas son mínimas”, concluyó.

Petro asistió al encuentro acompañado, entre otros funcionarios, por la senadora Martha Peralta Epieyú, el director del Dapre, Mauricio Lizcano, el consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco, y los ministros de Salud, Vivienda y Educación.

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