JEP negó solicitud para salir del país a excongresista Luis Almario Rojas

El exrepresentante a la Cámara por el departamento de Caquetá, Luis Fernando Almario Rojas, había solicitado un permiso ante los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), argumentando que se encontraría con su familia en Punta Cana (República Dominicana). Sin embargo, la justicia transicional le negó dicha solicitud, pues el excongresista no ha cumplido con los compromisos pactados con la jurisdicción, así como tampoco ha acatado los objetivos del Sistema Integral para la Paz, de igual forma no ha presentado avances para reparar a las víctimas, tal como sostienen los magistrados en su respuesta.

El permiso que pidió Luis Almario tenía como objeto encontrarse con su familia en un centro vacacional de República Dominicana. Para la solicitud, habría adjuntando copia de las reservas de hotel y de los tiquetes de ida y regreso que ya habían realizado. El encuentro se planeaba realizar en ese país, en vista de que su hijo, Paolo Andrés Almario se reside en Canadá bajo una figura de asilo político.

El caso del excongresista llegó a manos de la jurisdicción especial en el año 2020. La situación de violencia por la que solicitó su integración obedecen a hechos ocurridos en el año 2000 y que involucran a uno de los frentes más letales de las extintas Farc.

La JEP aceptó cobijar a Luis Fernando Almario el 24 de julio de 2020, el excongresista está vinculado por su presunta responsabilidad en el asesinato del presidente de la Comisión de Paz, Diego Turbay Cote, quien fue electo para la legislatura de 1998 a 2002. Además, en el hecho que acabó con la vida del excongresista Diego Turbay, también asesinaron a Inés Cote, su madre, a un conductor, a tres escoltas y a un amigo de la familia. Este magnicidio ocurrió el 29 de diciembre del año 2000.

Esta masacre fue llevada a cabo por la Columna Móvil Teófilo Forero y se relacionó con Luis Almario por, al parecer, ser su principal instigador.

Para responder de los hechos que se le responsabilizan, la JEP le solicitó contar toda la verdad, reparar a las víctimas de lo que se le endilga y cumplir con algunos compromisos requeridos por la justicia transicional. A pesar de esto, la institución sostiene que Luis Almario no ha dado muestras significativas de cumplir con sus deberes como vinculante a este proceso.

Además, el caso del excongresista en la justicia especial se identifica como ser el primero que llegó a manos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, pues desde que Luis Almario Rojas se cobijó con esta institución, este insiste en su inocencia. A razón de esta conducta, se tomó la determinación de abrir la investigación por parte de la UIA, que representa a la fiscalía de la jurisdicción. En caso de hallarlo responsable, el excongresista podría asumir una condena de hasta 20 años de prisión.

Es importante resaltar que la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 10 años de prisión y el pago de una multa de $7.500 millones de pesos en marzo de 2016, los delitos por los que tuvo que responder correspondieron a concierto para promover grupos armados al margen de la ley y constreñimiento al sufragante. No obstante, con la firma de los acuerdos de paz que se firmaron en diciembre de ese año y con la consolidación de la JEP, el excongresista solicitó someterse a la justicia transicional.

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