Ministro del Interior asegura que el derecho a la propiedad es fundamental y que responderá a alertas por invasión de predios

El ministro, Alfonso Prada, agregó que esta problemática que se presenta en varias regiones del país, se abordará desde el diálogo social

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Ministro Alfonso Prada participó en la Convención de Andesco desarrollada en Cartagena. Foto: Cortesía Ministerio del Interior.
Ministro Alfonso Prada participó en la Convención de Andesco desarrollada en Cartagena. Foto: Cortesía Ministerio del Interior.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, participó en el XXIV congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco), que se desarrolló en la ciudad de Cartagena. Desde allí, el jefe de la cartera política aseguró que para este gobierno es de vital importancia abordar la problemática de tierras que, se sigue registrando en aumento, en el país, por lo que debe ser abordada desde el concepto de diálogo regional.

Este diálogo que el gobierno se proponga establecer con las comunidades, estaría abordado teniendo en cuenta las situaciones de conflicto que surgen en los territorios, así como la diversidad cultural que estos tengan. De igual forma, reiteró que este es un tema de prioridad que requiere ser resuelto con diligencia.

“Estamos planteando un diálogo regional y social  porque entendemos que hay una manera diferente de abordar este tema desde la perspectiva cultural”, sostuvo el ministro, Alfonso Prada.

El ministro del Interior, dijo que, desde el gobierno, han identificado dos variables que resultan fundamentales para entender para solucionar el problema de tierras en Colombia, actores y territorio. Por eso explicó que cuando hay contradicción entre dos poblaciones, se debe hallar una salida de diálogo basada en la ley, sin que afecte a ninguna de las partes involucradas.

“El derecho a la propiedad es fundamental y hay que respetarlo”, sostuvo el ministro del Interior.

Por otro lado, para el jefe de la cartera política, los territorios del Cauca y Catatumbo requieren una prioridad especial, toda vez que, además de las situaciones de conflicto generadas por la disputa de la tierra entre comunidades y, en algunos casos, propietarios privados, estas dos zonas del país se ven afectadas por la presencia de bandas criminales o grupos armados que, en medio de sus confrontaciones, afectan a la población civil.

El ministro recalcó que se han identificado 65 regiones con alto nivel de masacres. Por lo que la única alternativa que tienen como gobierno es dar soluciones de paz desde un enfoque de diálogo territorial. Frente a esto, el ministro Alfonso Prada recalcó que ya varias organizaciones criminales han enviado comunicados al gobierno para expresar su voluntad de someterse a la justicia.

“Ya hay muchas comunicaciones, lo ha dicho el alto comisionado para la paz y lo mencionó ayer el presidente, precisamente, que estuvimos en Buenaventura. Territorio donde hubo confrontaciones de bandas criminales el pasado fin de semana. Casi que no hay ninguna organización que esté actuando violentamente en el territorio que no nos haya comunicado su deseo de vincularse al proceso de los diálogos por la paz total que está proponiendo el gobierno”, preciso el ministro Alfonso Prada.

Para el jefe de la cartera política, los avances que se han realizado en materia de diálogo social son importantes, pero reconoció que deben consolidarse con la ayuda de la legislación, para que de esa manera, se sienten las bases jurídicas de las conversaciones que el gobierno podría adelantar con diferentes grupos al margen de la ley.

“Alrededor de los diálogos de paz hemos presentado un proyecto de reforma a la Ley 418, que nos permite avanzar al lado de los diálogos regionales. Así, que al lado de esos diálogos regionales, queremos la presencia al Alto Comisionado de Paz con sus delegados, porque alrededor de los diálogos, por ejemplo, en el Orden del Cauca o en el Catatumbo, automáticamente nos comienza a abordar la ilegalidad.”

Por último, recalco que los Puestos de Mando Unificados (PMU) por la Vida que se han instalado en 65 municipios de 14 departamentos son una herramienta fundamental para que los mandatarios locales puedan establecer estrategias de seguridad mucho más asertivas.

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