A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que se concertó la mesa de diálogo con las Entidades del Estado para establecer una hoja de ruta que permita solucionar los conflictos sociales emergentes, alrededor de la invasión de predios que se ha dado en las últimas semanas. Para la institución del Ministerio Público, el acceso a las tierras que solicitan diferentes comunidades debe ser abordado de una manera diferente, en vista de que, en ocasiones , las situaciones conflictivas tienen marcadas diferencias.
Conforme lo expresó la Defensoría del Pueblo, esta mesa nacional para la superación de la conflictividad social por la ocupación de tierras estará confirmada por toda la institucionalidad del Estado, en articulación con el gobierno Nacional y los gobiernos municipales y departamentales.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, manifestó que las problemáticas de cada territorio tienen sus particularidades, por lo que es importante entender, para las entidades que van a dirigir esta hoja de ruta, porqué hay ocupaciones de tierras por parte de comunidades indígenas y campesinas para saber qué solución darle. De igual forma, el jefe de esta entidad aseguró que se debe reconocer que hay organizaciones criminales que se aprovechan de estas situaciones para generar despojos de grandes extensiones de tierra.
“Desde la Defensoría del Pueblo, seguiremos haciendo el ejercicio de mediación y de acercar a toda la institucionalidad del Estado, para trabajar articuladamente en lo local, lo regional y lo nacional. La mejor forma de resolver los conflictos es con el diálogo, pero todas entidades del Estado debemos trabajar unidas”, precisó Carlos Camargo.
De igual manera, el funcionario del Ministerio Público agregó que la ocupación ilegal de tierras es una problemática que afecta la propiedad privada y el desarrollo por igual, por lo que la convivencia y el orden público en las regiones también se ve afectado. Frente a esto, sostuvo que, con la identificación y articulación de todos los actores involucrados, será mucho más viable hallar los motivantes que conducen a este problema que se ha extendido por varios departamentos de Colombia, para así, formular acciones concretas que permitan la superación de este fenómeno.
Para la Defensoría del Pueblo, el acceso a tierras es una derecho que no debe discriminar el origen de los actores que intervienen en él, sin embargo, resaltó que este proceso para el país se debe hacer conforme a la constitución y en apego a la ley.
“Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos insistiendo en la defensa del derecho al acceso, uso y tenencia de la tierra para todos los actores de la ruralidad: comunidades étnicas, campesinas, trabajadores rurales y empresarios. Todo debe hacerse con apego a la Constitución y las leyes”, sostuvo Carlos Camargo.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo seguirá interpretando un rol de mediados para trabajar en articulación con los gobiernos regionales, nacionales y las entidades del Estado, escuchando activamente las necesidades de las comunidades que exigen el acceso a tierras. Con esto se prevé que la invasión a predios pueda solucionarse prontamente.
Por último, la entidad del Ministerio Público señaló que estará presente en los procesos de diálogo con la institucionalidad para frenar la conflictividad en los territorios. De igual manera, añadió que estará atenta a resolver las inquietudes que manifiesten las comunidades en torno a la hoja de ruta que espera establecer el gobierno con ayuda del aparato del Estado.
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