La entrada de la pandemia en todo el mundo impulsó el comercio digital en todos los países y Colombia fue uno de esos territorios, que aparte de recibir ventajas con la introducción ‘obligada’ a este tipo de plataformas, también vio bastantes retos por resolver. Uno de ellos es la suplantación digital, en la cual determinadas personas usan la información personal y bancaria de otra para realizar transacciones en línea, como la compra de productos, sin su conocimiento y/o consentimiento.
Para esto, el representante a la Cámara por el Valle, Duvalier Sánchez, presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que busca proteger a las personas que han sido víctimas de fraude digital, que se han visto forzadas a pagar grandes sumas por un producto que nunca adquirieron y por el cual las instituciones financieras no les proponen ninguna solución.
Este jueves 8 de septiembre, Sánchez radicó, en conjunto con la bancada Verde, el proyecto legislativo que deberá surtir cuatro debates para convertirse en ley de la República y se centrará en dos beneficios principales para las víctimas que hoy se ven endeudadas por estos delitos:
1. La suspensión de cobros de cartera.
2. La eliminación de reportes en las centrales de riesgo.
El representante a la Cámara afirmó que ambos beneficios estarán establecidos bajo 12 artículos que además de proteger a las víctimas de este delito, también se les obligue a las instituciones financieras a realizar planes de acción efectivos sobre la suplantación digital, especialmente sobre las soluciones que les presentan a sus usuarios:
“Los delitos y fraudes digitales en Colombia vienen en aumento, cada vez hay más comercio electrónico y según datos de la Dijin entre 2019 y 2020 se aumentaron en un 409 % los casos. Este proyecto de ley será de gran beneficio para los ciudadanos, ya que con la generación de 12 artículos buscamos protegerlos cuando hayan sido víctimas del fraude digital y las entidades financieras no les quieran responder con solidaridad, sino que tienen que pagar la deuda”.
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De igual manera, Sánchez afirmó que los beneficios de este proyecto de ley serán aplicados siempre y cuando la víctima presente ante la Fiscalía la respectiva denuncia de lo ocurrido dentro de un plazo de 30 días:
“Buscamos que se tomen medidas desde las entidades financieras cuando el ciudadano dice que es víctima de fraude digital, para esto tiene 30 días para poner la denuncia ante la Fiscalía... Inmediatamente se le notifique a la entidad financiera que ha sido víctima de fraude, se le debe detener cualquier cobro por cuota, mora o centrales de riesgo”.
Según el comunicado presentado por el representante, durante la pandemia los delitos de usurpación de identidad y fraude crecieron en un 409 %, reportando a noviembre de 2021 más de 13.458 denuncias por robos de identidad; asimismo, en Colombia, cada hora se presentan cinco fraudes financieros virtuales.
Los delitos digitales ya están tipificados por el Código Penal; no obstante, al igual que con las instituciones financieras, todavía no se ha establecido una ruta de acción clara para castigarlos y, por lo tanto, no se puede obtener justicia para las víctimas. El proyecto de ley fue presentado y apoyado por más de 16 congresistas entre la Cámara de Representantes y el Senado, entre los cuales se encuentran Katherin Miranda, Carolina Giraldo, Wilmer Castellanos, Hernando González y Daniel Carvalho.
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