Un campesino y un firmante del Acuerdo Final de Paz fueron asesinados en Antioquia

En la vereda Badillo, ubicada en el municipio Ituango —Antioquia—, fueron asesinados un agricultor y un firmante del Acuerdo de Paz el martes 6 de septiembre. De acuerdo con primeras versiones entregadas por las autoridades, los responsables de este doble crimen sería el Clan del Golfo; sin embargo, esta es solo una hipótesis, pues desde el lugar de los hechos al casco urbano hay dos días de camino a pie.

Una de las víctimas fue identificada como Arley de Jesús Graciano Úsuga, excombatiente de las antiguas Farc y quien habría sido el hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal donde fue asesinado. La alcaldía del municipio también indicó que el campesino asesinado fue William de Jesús López y manifestó que las autoridades y la comunidad no lograron sacar los cuerpos de la escena.

Asimismo, Mauricio Mira, alcalde de este pueblo, reveló que el grupo armado que ejecutó a estas dos personas impidió el traslado de los cuerpos, motivo por el cual “hicimos la gestión con la Cruz Roja para que intercediera por ellos y por el municipio para poder hacer la gestión, pero no fue posible y la comunidad decidió enterrarlos en la misma zona”.

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Con este hecho, ya son 13 los excombatientes de la antigua guerrilla asesinados en Ituango, zona antioqueña donde están presentes el frente 18 de las disidencias del extinto grupo, y el Clan del Golfo, aparentes perpetradores de ambos asesinatos. Este municipio, vale indicar que hace pocos días fue instalado el segundo Puesto de Mando Unificado desde que Gustavo Petro se posesionó como presidente de la República.

“Buscamos proteger la vida de quienes han estado en la construcción de la paz en los territorios. El propósito es buscar cuánto antes procesos de diálogo para ponerle punto final a todas las expresiones de violencia y de conflicto armado que azotan al país”, señaló Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Senado. Sumado a eso, vale indicar que esta sección de la alta corporación dio a conocer en agosto que visitaría los municipios con más índices de violencia contra líderes, lideresas sociales y excombatientes.

Además, fueron priorizadas 65 regiones a través de un plan de emergencia entregado por diversas organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos al presidente Gustavo Petro y que contiene un total de 29 medidas de urgente cumplimiento para la protección de las comunidades que habitan en esos territorios.

Al respecto, los 45 legisladores que hacen parte de esta unidad legislativa se repartirán los encuentros en los pueblos priorizados y desde allí evaluarán las medidas adoptadas por la fuerza pública para contrarrestar la violencia contra líderes, lideresas y firmantes de la paz que se encuentran bajo amenaza de grupos armados ilegales. Asimismo, estos encuentros buscarán fortalecer las iniciativas adelantadas en cada comunidad que le hacen contrapeso al conflicto interno y los enfrentamientos que generan crímenes contra defensores de derechos humanos.

De acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz —Indepaz—, solo en 2022 han sido asesinados 124 personas defensoras de derechos humanos. el último caso conocido ocurrió el pasado 3 de septiembre, cuando hombres armados acabaron con la vida de William Pedraza, líder comunal de Leticia.

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