Antes de que el anterior gobierno, liderado por Iván Duque, entrará el mandato a Gustavo Petro, se desató un escándalo de corrupción que dejó en evidencia que los fondos para la paz había sido usados para coimas para probación de proyectos que presentaban los municipios donde se llevan a cabo Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Como se comprobó, se habrían usado más de 500 mil millones de pesos y esto habría no solo dejado grandes perdidas si no habría retrasado la implementación del acuerdo de paz firmado en el 2016.
Luego de que se hiciera pública la desaparición de dinero, comenzaron a aparecer más detalles, este 7 de septiembre, la W Radio dio a conocer que, incluso, los testaferros del grupo de narcotráfico más gran del país, el Clan del Golfo, fueron beneficiados con el dinero de la paz.
De acuerdo con la información presentada por el medio de comunicación colombiano, el dinero habría sido recibido en un contrato firmado en los municipios de Risaralda que recibieron $34.000 millones de pesos de OCAD-Paz. Este caso es especial, pues además de que el departamento recibió mucho dinero, el territorio no tiene municipios PDET.
El contrato, en el que estarían relacionados los testaferros del Clan del Golfo, se habría ejecutado en el municipio de Balboa por $2.216 millones “en donde el accionista mayoritario del consorcio que hizo el negocio, y recibió el contrato es Las Ingenierías S.A.S, y su accionista mayoritario es Jhon Freddy Zapata Garzón, alias ‘Messi’, el empresario fachada de alias ´Otoniel´ condenado y en líos con la justicia norteamericana”, se lee en la nota de la W Radio.
Recordemos que alias Messi fue capturado a comienzo del 2021 durante operaciones simultáneas, que se hicieron 117 allanamientos por parte de la Policía Nacional, la Fiscalía General y las Fuerzas Militares del país. Durante el desarrollo de los operativos, además de las capturas de 200 personas, fueron dados de baja cuatro supuestos miembros del clan.
Zapata, que mantenía un perfil bajo dentro de la organización criminal, era reconocida en el ambiente del fútbol, ya que contaba a su haber con la venta de pases de algunos juveniles a las poderosas ligas de México y Argentina, además de contar con amistades estrechas con exjugadores, cuyas conexiones facilitaron su ingreso a las familias de aquellos que representó directamente.
Por lo que una vez capturado, la contratación se cayó, pero llegó a manos de César Augusto Ortega Ramírez, quien tiene dos investigaciones abiertas por lavado de activos y fue capturado por nexos con el Clan del Golfo.
Es importante mencionar que el gobierno de ese entonces habría sido alertado por la situación, pero no había tomado las medidas necesarias. La primera advertencia fue recibida en 2021, cuando el entonces consejero para la Estabilización, Emilio Archila, hizo un llamado para que se hicieran las pesquisas correspondientes.
En abril de ese mismo año, Secretaría de Transparencia declaró ante la Fiscalía que la Presidencia había recibido un correo en el que mencionan que a Archila “le han llegado rumores del chantaje que tiene el Dr. Ávila con algunos alcaldes que tenemos pendientes de adjudicación de recursos de los 178 proyectos que usted anunció el 18 de marzo de 2021″.
En la misiva, se habla de denunciar a Ávila, ya que estaba pidiendo un porcentaje “del valor de cada proyecto o en su defecto el proyecto quedaría sin recursos”. Tres meses después, otro correo llegó al mismo destinatario, aseverando que tanto Gualdrón como Álvaro Ávila estaban “en una cruzada de presiones e intimidaciones al Ministerio de Transporte para que retire la favorabilidad de más de la mitad de los proyectos de vías que cuentan con favorable del sector” todo porque no fueron acordados con ellos el pago de coimas para la aprobación de estos.
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