Gobierno propone un “Pacto por la justicia tarifaria” ante el incremento del precio de la energía

Ante la alerta por el incremento excesivo del precio de la tarifa de energía en el país, que elevó el presidente Gustavo Petro con cifras del DANE, se han emprendido las primeras acciones para lograr disminuir el impacto en los hogares y regular las tarifas de este servicio.

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que en el corto plazo, desde esa cartera buscarán establecer el Pacto por la Justicia Tarifaria para que las compañías de servicio de energía acuerden utilizar el indicador más favorable entre los que impactan el costo de las tarifas, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el Índice de Precios del Productor (IPP).

Según explicó la jefe de la cartera, las tarifas de energía eléctrica se componen de seis elementos que afectan el recibo, como la generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricción. Pero los que más afectan el costo son generación y distribución, en los cuales se enfocarán las soluciones para, en el corto plazo, controlar el valor que deben pagar los usuarios mensualmente.

“Estamos en este momento decididos a que la solución surge a partir de un pacto por la justicia tarifaria, que tiene cinco actores aliados, los gobiernos locales y departamentales con los que ya hemos comenzado reuniones, la CREG, el Ministerio de Hacienda y la Superservicios”, señaló Vélez, quien sostuvo que ya han tenido reuniones con Air-E y Afinia, las prestadoras de energía en el Caribe.

También buscarán el diálogo con los grandes consumidores, quienes también son afectados por el precio de las tarifas. Así mismo, han tenido diálogos con los generadores, asociaciones y agremiaciones, quienes están dispuestos a participar para alcanzar un acuerdo “que ponga al usuario en el centro”.

La recién posesionada viceministra de Energía, Belizza Janet Ruiz Mendo, quien llegó a la cartera y tendrá que emprender la solución de esta problemática con urgencia por peticiones de los mandatarios locales, la Defensoría del Pueblo y el propio presidente de la República.

Ruiz explicó que desde la cartera tienen dos alternativas de solución, una para el corto y otra para el largo plazo. La primera, es el acuerdo que ya empezó la negociación para analizar la incidencia de los indicadores sobre la tarifa, con el objetivo de consolidar una decisión que lleve a bajar el precio de la tarifa.

“Para nuestra propuesta a largo plazo lo que queremos es analizar cada segmento que constituye la tarifa eléctrica, ese segmentos son los de la cadena de valor y la relación que tienen las fuentes de energía con cada uno de los segmentos. Al analizar esta relación vamos a poder elaborar un indicador para el sector eléctrico, en eso ya empezamos a trabajar”, sostuvo la viceministra.

Sin embargo, el interés es lograr una solución definitiva con el fin de que las tarifas de energía sean estables y asequibles para todos los ciudadanos.

Las medidas analizadas por el Ministerio de Minas coinciden con las propuestas de los gremios energéticos, quienes señalan que una de las medidas a corto plazo podría ser “limitar temporalmente el incremento esperado del Índice de precios del productor (IPP) en los contratos de compras de energía a un porcentaje máximo”. Justamente es en ese indicador y el IPC que la cartera ha encontrado las posibilidades de reducir el costo.

La Defensoría del Pueblo ha dicho que las tarifas de energía inciden en la calidad de vida y en los hogares más vulnerables, siendo la región Caribe una de las más afectadas por el incremento en las tarifas, con un 26 % de pobreza multidimensional y un 11 % de desempleo.

Por eso, desde esa cartera propusieron algunas recomendaciones como que las empresas AIR-E S.A.S. E.S.P. y Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. - AFINIA, “mantengan la protección, respeto y dignificación de los usuarios, atendiendo en todo momento al interés y garantía de sus derechos fundamentales” durante su actividad comercial.

Así mismo plantean que en el corto plazo y de manera temporal, el Ministerio de Minas y Energía puede aumentar el techo del consumo básico de subsistencia, que pasaría de 173 kWh a 200 kWh-mes para alturas inferiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar, lo que significaría aproximadamente un alivio del 15% para los hogares más vulnerables.

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