Así le fue a Gustavo Petro en su primer mes como presidente de Colombia

El presidente Gustavo Petro completó un mes como el nuevo jefe de Estado, aunque muchos aseguran 30 días es muy poco para saber cómo va la gestión del mandatario nacional, ya hay muchos sacando sus conclusiones. Estos son algunos de los hechos que ya marcan la agenda y el mandato del nuevo Ejecutivo.

Uno de los temas centrales por el cual atraviesa el nuevo Ejecutivo es el el orden público y la seguridad, que han dejado muy mal parada a administración, pues hechos como la masacre de siete policías en el departamento del Huila no solo afecta el ánimo de las Fuerzas Armadas, también ponen en entredicho políticas que se promovían desde campaña, como lo es “Colombia, potencia mundial de la vida” y procesos de desmovilización con grupos ilegales al margen de la ley, como lo son el de las disidencias de las FARC y el Ejercito de Liberación Nacional (ELN). Aunque decisiones como alejar a los auxiliares de las zona rojas del conflicto armado han sido bien recibidas.

Algo que no fue recibido con agrado, sobre todo entre los militares, fue el remezón en el Ejército Nacional y la Policía, con el fin de parta a quienes tenía investigación por corrupción o falsos positivos o por el hecho de que ya algunos uniformados estaban en edad del retiro; sobre esto las decisiones se dividieron, mientras unos aseguraron que la orden busca mostrar unas Fuerzas Militares más transparentes, otro sector señaló que esto debilitó la línea de mando y los dejó sin experiencia disponible.

Además, existe el problema de las invasiones a terrenos en varios puntos del país, como es el departamento de Cauca, Valle, Huila y Cesar por parte de comunidades autóctonas o minorías que buscan la reivindicación de estas tierras como de pertenencia ancestral, mientras que los trabajadores y dueños de estos bienes piden al Gobierno que se les respete el derecho al trabajo y a la propiedad privada.

Otra de los asuntos que fue cuestionado por la oposición y militares retirados es dejar de bombardear zonas donde se sepa de la presencia de menores de edad, con el fin de preservar y defender su derecho a la vida; esto es refutado ya que podría hacer que las guerrillas y grupos delincuenciales utilicen a los niños como escudos humanos.

Las finanzas del país no pasan un buen momento, por cuenta de la trepada del dólar y la desvalorización del peso colombiana frente a la divisa estadounidense, además de una inflación del más del 10% no la pone fácil a quienes intenta resurgir por cuenta del impacto que dejó la pandemia del Covid-19.

A esto le sigue que el Estado colombiano no tiene buena caja para costearse todos los programas sociales que se prometieron durante la campaña presidencial, por lo que obligó al gobierno Petro, en cabeza del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo; recolectar 25 billones de pesos de las empresas - al quitarles las excepciones tributarias- y de personas naturales por cuenta de impuestos, como lo son el de los alimentos ultra procesados, las declaraciones de renta, el reporte de ganancias ocasiones o dividendos y el fortalecimiento de la DIAN para evitar evasión fiscal.

Aun el ministro sigue evaluando y haciéndole modificaciones al documento original y compartiendo los posibles cambios con algunas bancas del nuevo Gobierno, con el fin de tener más apoyo desde el legislativo a este proyecto de ley.

Por último está el tema de relaciones internacionales, en el que se ha impulsado la agenda para la reactivación de relaciones binacionales con Venezuela, lo que derivó en la designación de Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela y el de Félix Plascencia como embajador venezolano en Bogotá.

El embajador Armando Benedetti espera que las relaciones binacionales, tanto en lo diplomático como en lo económico se reactiven por completo el próximo años, en el 2023. Mientras la oposición chavista espera que estos acercamientos sirvan para generar unas votaciones democráticas que terminen con el gobierno de Nicolás Maduro.

Mientras, el canciller Álvaro Leyva se encuentra en el ojo del huracán por cuenta la ausencia de Colombia en la sesión permanente de la Organización de Naciones Unidas (OEA) donde se estaba votando contra la violación de derechos humanos generada por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Todo parece indicar que se trata de una estrategia del gobierno de Gustavo Petro para negociar la entrega de 14 presos políticos nicaragüenses, lo que llevaría a Colombia -como canje- aceptar el fallo de La Haya que concede a Nicaragua casi 75 mil kilómetros cuadrados de mar que pertenecía al Archipiélago de San Andrés

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