Un grupo de cinco organizaciones internacionales le presentaron a la Corte Constitucional un escrito en el que piden se respeten los derechos de las comunidades indígenas wayú que luchan pacíficamente contra la expansión de la mina de carbón más grande de América Latina, El Cerrejón, ubicada en el departamento de La Guajira.
Esta acción legal impulsada por las organizaciones Terra Justa, el Instituto de Estudios Políticos (IPS) – Programa de Economía Global, War on Want, Global Justice Now y la Red Minera de Londres (LMN) se debe a las demandas que iniciaron las multinacionales mineras Glencore y Anglo American en contra Colombia, para evitar la implementación de la decisión de la Corte que suspendió la expansión de la mina de carbón del Cerrejón en favor de los derechos de los wayú.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) le hace un seguimiento a este caso e indicó que en 2017, la Corte Constitucional decidió suspender el proyecto de expansión minera del tajo La Puente por parte de Cerrejón, que amenazaba con destruir parte del ecosistema del arroyo Bruno, el cual está rodeado por bosque seco tropical, ecosistema en peligro crítico de extinción.
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El arroyo Bruno es fuente esencial para el abastecimiento de agua para las comunidades locales, en una región altamente vulnerable a la crisis climática, donde solo el 4% de la población en zonas rurales tiene acceso a agua potable.
En el comunicado de las cinco organizaciones sociales Misael Socarras, miembro de la Comunidad wayú Gran Parada, accionante ante la Corte Constitucional y parte de Fuerza de Mujeres wayú, indicó que:
“Nosotros los wayú y comunidades afrocolombianas exigimos se nos respete nuestro territorio y con ello nuestros derechos a la vida, al agua, a la seguridad y soberanía alimentaria. Las empresas multinacionales no son de aquí como para que pretendan pasar por encima de nuestras decisiones y las de la Corte”.
De acuerdo con el CAJAR, las multinacionales Glencore y Anglo American presentaron sus demandas a mediados de 2021 en virtud de los Tratados Bilaterales de Inversión del Estado Colombiano con Suiza y Reino Unido, respectivamente.
Según lo informado, las empresas recurrieron al Mecanismo de Solución de Controversias Inversionista – Estado (SCIE o ISDS por sus siglas en inglés), estipulados en los Tratados bilaterales mencionados.
A principios de 2022, tras la presentación de las demandas, el gobierno colombiano emitió un informe favorable sobre la expansión de la mina y que fue denunciado por organizaciones colombianas, lo que indicaría que las demandas podrían estar teniendo el efecto disuasorio deseado.
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Sin embargo, el 1 de julio de 2022, Anglo American desistió de su demanda contra Colombia después de que vendiera su participación en El Cerrejón a Glencore a principios del mismo año.
La actual situación que se está presentado la explicó Aldo Orellana que pertenece a la organización Terra Justa:
“Tal como evidenciamos en nuestro escrito presentado a la Corte Constitucional, las empresas extractivas llevan demandas de arbitraje supranacional no solo para buscar millones o miles de millones de dólares en indemnizaciones, sino para presionar a las instituciones del estado y ejercer el control empresarial sobre la naturaleza y las personas, especialmente en el Sur Global. Instamos a la Corte Constitucional a que, a la hora de tomar su decisión, las demandas de arbitraje no tengan un efecto disuasorio sobre su labor y que cumpla con su función de garantizar el respeto de los derechos del pueblo Wayúu al agua, la salud, la soberanía alimentaria, y proteja el Arroyo Bruno”.
Las organizaciones internacionales hacen un llamado para que la Corte Constitucional haga cumplir su decisión en defensa de los derechos de las comunidades wayú en favor de la protección del arroyo Bruno.
También solicitan que el Alto Tribunal recomiende a las respectivas instancias del Gobierno nacional que revisen sus compromisos con los Acuerdos Internacionales de Inversión, con el fin de eliminar el mecanismo SCIE para así recuperar soberanía y el espacio regulatorio necesario y cumplir sus obligaciones internacionales con los derechos de los pueblos y comunidades afectadas.
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