Proyecto que busca que Colombia ratifique el Acuerdo de Escazú regresó al Congreso

Una vez más el Congreso colombiano deberá debatir -y posteriormente votar- si el país ratifica o no el Acuerdo de Escazú, que establece garantías sobre el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales en Latinoamérica. A las 11:30 a. m. de este 6 de septiembre quedó radicado el proyecto de ley que busca aplicar en Colombia el mencionado marco normativo internacional. El documento fue presentado ante la Cámara de Representantes, a la que se le indicó que se debe trata de que esta vez sí se logre adoptar la normativa porque el país no puede seguir dilatándola.

El proyecto para aprobar Escazú es apoyado por los congresistas Iván Cepeda (Pacto Historico)

Además, la sociedad civil, a través de organizaciones mediaombientales y academicas tambipen se han sumado. La Alianza Nacional del Acuerdo de Escazú (liderada por Ambiente y Sociedad, Universidad del Rosario, la Clínica Jurídica de la Universidad de Los Andes entre otras organizaciones)asistieron al acto de radicación y entregaron miles firmas de colombianos, recolectadas a través de la plataforma Change.Org, que han demostrado su apoyo a esta iniciativa.

Si bien hay muchos sectores apoyando la ratificación del Acuerdo de Escazú, hasta ahora no se ha logrado porque este documento genera polémica en el país.

Políticos de la oposición llevan años manifestándose en contra del acuerdo. La senadora María Fernanda Cabal inició una campaña en redes sociales para rechazar que Colombia se suscriba al pacto argumentando que es peligroso, porque significa “la sesión de la soberanía a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia”.

Estos señalamientos, de acuerdo con la Alianza por el Acuerdo de Escazú, son falsos. Justo en octubre de 2020 el grupo presentó una serie de mitos que se habían formado sobre este acuerdo, principalmente sobre el tema que mencionó Cabal.

Se expuso que el Acuerdo de Escazú busca establecer garantías sobre el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales como la protección de líderes ambientales. Se resalta la importancia de este último punto, ya que según la organización internacional Global Witness, Colombia ocupa el primer puesto de países con más asesinatos de defensores medioambientales.

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Además, resaltan que Colombia atraviesa un escenario de aumento de los conflictos socioambientales que está afectando gravemente los territorios y a los defensores ambientales. Según el Atlas de Justicia Ambiental, Colombia reporta 134 conflictos ambientales, ya sean por deforestación, modelos extractivistas, delimitación de páramos, entre otros.

Así las cosas, los congresistas señalan que debe existir un compromiso decidido para afrontar los retos ambientales y establecer estrategias que permitan proteger el ambiente, el territorio y a los defensores ambientales.

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