La madrugada del 31 de mayo del 2008 es una fecha trágica para los medellinenses, en el barrio El Socorro, de la comuna 13, mientras las entidades y organismos de control estaban alertados por posibles emergencias en otras zonas de la capital de Antioquia, un deslizamiento de tierra se llevó unas 20 casas, y la vida de al menos 20 personas, al parecer, porque el agua terminó por arrasar una escombrera sobre el sector sepultado.
Las denuncias y alertas señaladas previamente por la comunidad, se estima que desde el 2003, nunca fueron atendidas, por lo que se inició un pleito legal contra la Alcaldía de Medellín, pues estas familias afectadas eran de escasos recursos, y tras perderlo todo nunca tuvieron una reparación, por una situación que se pudo contener.
“Se le solicito el municipio que actuará en consecuencia contra las escombrera, porque, era un peligro inminente para ellos ya que se desestabiliza el terreno y podía llegar a suceder una tragedia (...) El día antes de la tragedia las autoridades visitaron la zona y no hicieron absolutamente nada, no ejecutaron ninguna obra para mitigar el peligro, o para prevenirlo, no movilizaron a la población, ni la relocalizó”, manifestó Javier Villegas, abogado de las víctimas, quien dio la pelea en los estrados judiciales tras el derrumbe, en Teleantioquia.
Pues el Consejo de Estado falló en favor de las víctimas, obligando al municipio de Medellín a indemnizar a las víctimas por las pérdidas de sus familiares y enseres; además responsabilizando a la administración por omitir sus deberes de vigilancia y control.
“Los demandantes pretenden que se les indemnicen los perjuicios causados por la muerte de 22 personas, la pérdida de enseres y de un establecimiento de comercio, con ocasión del deslizamiento de tierra ocurrido el 31 de mayo de 2008, en el barrio El Socorro del municipio de Medellín”, señala la sentencia del tribunal.
Por esto, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, con ponencia de la consejera Marta Nubia Velásquez Rico, consideró que la escombrera, que ya estaba clausurada, fue desatendida por la municipalidad, no solo omitiendo las denuncias, también, porque no se realizaron las respectivas acciones para mitigar el riesgo que generaba el botadero, el cual constituía una actividad ilegal.
Así las cosas, la alcaldía deberá responder por perjuicios morales a los familiares de las víctimas mortales, por pérdidas materiales y costos, por ejemplo, como lucro cesante, reconociendo así el 50 % del costo total, que son aproximadamente unos 3.500 millones de pesos.
“Declarar patrimonial y extracontractualmente responsable al municipio de Medellín por el 50 % de los perjuicios causados por la muerte de los menores Mariana y Miguel Ángel Agudelo Mejía (...) Condenar al municipio de Medellín a pagar: por perjuicios morales, las siguientes sumas, expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia”.
Una tragedia que no culmina
Se estima que más de 2.600 familias han sido desplazadas por afectaciones derivadas de la temporada invernal. A pesar de esto, muchas personas denuncian que no les ha resuelto nada de su situación, por lo que siguen a la deriva.
Pero estos casos se suman a todos los que, en años anteriores, y más allá de promesas, nunca han visto soluciones materializadas; por lo que existen muchos otros procesos elevados en los tribunales, los cuales están a la espera de un fallo para determinar las responsabilidades correspondientes en cada caso.
Existen propuestas y alternativas en sectores como La Playita, donde la alcaldía ha ofrecido financiaciones para apartamentos, que, según los damnificados, no tienen esperanzas de volver a recuperar lo que un desastre natural les arrebató.
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