Gustavo Petro firmó el segundo paquete de extradiciones: no incluyó al hermano de Piedad Córdoba

El mandatario colombiano firmó las autorizaciones para que una docena de colombianos sean enviados fuera del país a responder por sus delitos ante autoridades extranjeras; el hermano de la congresista Piedad Córdoba, pedido para comparecer ante una corte en los Estados Unidos, no está en el listado

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Presidente firma nuevas órdenes de
Presidente firma nuevas órdenes de extradición.

Hace una semana el presidente Gustavo Petro firmó las primeras órdenes de extradición de su mandato, en total iban 8 colombianos que ya tenían lista su boleta de salida para responder ante las leyes de varios países, por diversos crímenes. No obstante, se confirmó que un nuevo listado fue expedido, continuando así con el envío de connacionales hacia el exterior, pero siendo llamativo porque este es uno de los puntos de discusión de los actuales procesos de paz.

Ha sido un primer mes muy atareado para Gustavo Petro en la presidencia, en materia penal y de justicia está tratando de concertar con los diversos actores armados que se quieren acoger a la Paz Total; pero, el mandatario ha insistido que las extradiciones no pararán para los narcotraficantes que no quieran someterse a las negociaciones que está planteando el Estado.

En las 8 más recientes aparecen nombres como: Lidy Tatiana Montierl, Georgian Gorea, Belcy Gómez, Alberto Osorio, Ricardo de Miranda Frías, Johan Sebstián Montoya, Mauricio René García y James Roldán. La lista dada a conocer por El Tiempo también da a conocer los países donde son requeridos.

Empezando por Lidy Tatiana Montierl, es requerida por la justicia argentina; mientras que Belcy Gómez Murcia, que según las autoridades era conocida como alias ‘James Rodríguez’, capturada en Cali y señalada de ser la responsable de producción de narcóticos, los cuales eran enviados hacia Ecuador y Estados Unidos; según reseña El Tiempo, en vehículos con cavidades o huecos hechizos, además de hacerlo a través de lanchas rápidas.

Alberto Osorio Vallejo es solicitado por la justicia de España, mientras que: Ricardo de Miranda, Johan Sebastián Montoya, Mauricio René García, conocido como alias ‘Tony’ y James Roldán son solicitados por la justicia de los Estados Unidos, al igual que a Belcy Gómez y Georgian Gorea.

Dentro de todos los casos, hasta el momento, no aparece el de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, a quien su solicitud ya se le puso el aval por parte de la Corte Suprema de Justicia para que responda ante la justicia de los Estados Unidos, no obstante, desde el gobierno nacional aún no han dicho ni adelantado nada de este polémico proceso.

El proyecto de la ‘Paz Total’ es una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro, y aunque obviamente será un proceso de mucho diálogo, debate, concertación y participación pública, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, esto debe ser una obligación por parte del Estado.

En diálogo con Caracol Radio, Julissa Mantilla, presidenta de la CIDH, considera que la voluntad de diálogo del gobierno es muy importante, pero a la vez, un hecho que carga con mucha responsabilidad, además, es el momento de demostrar la experiencia y lecciones aprendidas de los acuerdos ya realizados:

“Hablar de la paz total, es decir, continuar los diálogos, es una decisión muy importante, y que implica una gran responsabilidad. Sacar lecciones aprendidas de los procesos anteriores, qué funcionó y qué no, implica, además, hacer un esfuerzo por la población, por las nuevas generaciones que están naciendo con una esperanza de vivir en paz. Nos ponemos a disposición de Colombia para poder intercambiar y apoyar esta búsqueda de paz”.

De hecho, el ministro de defensa, Iván Velásquez, que podría decirse, es el líder de las fuerzas armadas, asegura que al contrario de lo que han señalado, la ‘Paz Total’ no demuestra debilidad, y que tampoco es cierto que el Ejército no pueda intervenir o actuar, lo único es que se está preparando para que las autoridades y comunidades vuelvan a tener una buena relación, generando así, nuevamente, confianza entre la ciudadanía y el Estado.

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