El próximo 10 de octubre la Corte Suprema de Justicia deberá responder una nueva petición de la Fiscalía General de la Nación que busca precluir el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos. El ente acusador aseguró que ha recopilado más material probatorio y este da cuenta de que no hay razones suficientes para seguir con la investigación en contra del político.
“El fiscal de conocimiento, con plena autonomía e independencia, y atendiendo criterios de imparcialidad legal y objetividad probatoria, consideró que se han configurado las causales de preclusión de atipicidad de la conducta e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, que serán presentadas en la audiencia respectiva”, indicó el ente de control en la solicitud radicada este 6 de septiembre.
Hay que recordar que la Fiscalía ha solicitado la preclusión de este caso en varias oportunidades. En la última petición se adujó atipicidad y ausencia de intervención del investigado. El primero hace referencia a que los hechos no configuran un delito, y la segunda, indicaría que si hubo delitos, estos no fueron cometidos por Uribe.
El pasado 27 de abril la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, decidió que el caso debía seguir en pie. Según la togada, sí hay una hipótesis viable de la existencia de delito y mencionó la necesidad de reunir más pruebas.
La Fiscalía General de la Nación pidió cerrar el caso hace más de un año, pero la jueza indicó que el ente acusador no ha probado la tesis que sustenta su solicitud. Se cuestionó a la entidad por no haber llamado testigos que podrían dar más información, lo que deja abiertas dudas y no desmiente la hipótesis de que, en efecto, hubo soborno en actuación penal.
“El despacho concluye que no se configuran las causales de preclusión prevista en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal consistentes en la atipicidad del hecho investigado, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. En consecuencia el despacho negará la preclusión solicitada por la Fiscalía”, dijo la jueza tras 13 horas de audiencia.
Así las cosas, la Fiscalía reunió más pruebas que presentará el próximo mes. Quien lidera el proceso es el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez, asignada especialmente a caso.
“En algo más de tres meses de actividades investigativas, el despacho a cargo del caso tomó 14 declaraciones, realizó un interrogatorio al imputado, ejecutó 7 inspecciones a diferentes autoridades, hizo una búsqueda selectiva en base de datos y practicó pruebas técnicas y análisis forenses en fotografía y video, acústica, informática forense y extracción de información de teléfono celular, entre otras”, informó el ente acusador.
La situación judicial que vive Uribe inició en septiembre de 2020, cuando fue imputado por fraude procesal y soborno en actuación penal por la Corte Suprema de Justicia. Primero el expediente de Uribe estuvo en el despacho de la magistrada Cristina Lombana; sin embargo, pasó a manos del togado César Reyes debido a que la primera fue subalterna del exjefe de Estado.
Reyes decidió continuar con la investigación y tras analizar el material probatorio impuso la medida de aseguramiento en la residencia del exmandatario, en su finca El Ubérrimo. En marzo de 2021, el fiscal Gabriel Jaimes solicitó que la investigación que adelantaba la Corte Suprema fuese precluida y desde entonces la jueza Ortiz se ha encargado del caso.
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