Feminicida que asesinó y desapareció a una mujer en Santander quedó en libertad por vencimiento de términos

Diego Armando Amaya Pérez recobró su libertad sin responder ante la justicia por haber matado a golpes a la joven Yolsabet Durán Guzmán, envolver su cuerpo en bolsas y enterrarla bajo cemento en el patio de su casa, porque los representantes del sistema judicial no lograron llevarlo a juicio pese a que había aceptado el crimen.

El pasado 2 de septiembre, en una audiencia el Juez Quinto de Barrancabermeja con funciones de control de garantías le concedió la libertad a Amaya Pérez porque había cumplido el tiempo de reclusión sin que se definiera su situación jurídica, debido a que la sentencia había entrado a revisión.

El crimen ocurrió el 22 de noviembre de 2016. Durán Guzmán había salido con un amigo esa noche, pero no regresó a su casa y se perdió todo contacto. Al día siguiente fue reportada ante las autoridades y horas más tarde la encontraron en la casa de Amaya Pérez. Su cuerpo estaba envuelto en bolsas plásticas y cinta pegante, dentro de una fosa tapada con concreto en el patio de la vivienda.

En medio del proceso judicial y las pruebas en su contra, Amaya aceptó el delito de homicidio agravado, por el cual fue condenado a 20 años de prisión que empezó a pagar en la cárcel de Palogordo en Girón. Sin embargo, la familia no estuvo de acuerdo con la condena, pedían una más severa. Además, aseguraban que se había cometido tortura, violación e intento de desaparición, por lo que debía ser imputado por el delito de feminicidio agravado.

El proceso entró a revisión y la Fiscalía imputó hasta agosto de este año el delito de feminicidio agravado, basado entre otras pruebas en el resultado de la autopsia de Medicina Legal que, de acuerdo con un comunicado de la familia de la víctima, evidenciaba violencia y tortura.

Mientras se consideraban las pruebas para el nuevo delito, en especial las relacionadas con el de tortura, se suspendió la sentencia y el tiempo para una nueva decisión excedió el tiempo para definir la situación jurídica del detenido, que le permitió a la defensa de Amaya Pérez solicitar la libertad por vencimiento de términos.

“No podemos desconocer este concepto de plazo razonable, al momento de valorar la tardanza en la que incurrieron las autoridades a las que les competía resolver este caso... demoró 4 años y ahora va casi otro año en el que no se ha resuelto la situación jurídica. Lo cierto es que si bien es una medida suspendida, el plazo razonable se ha desbordado en esta oportunidad”, sostuvo la juez, citada por RCN Radio.

Ahora la familia de la víctima teme que el caso termine impune, porque al quedar en libertad, el confeso asesino podría darse a la fuga y no volver a comparecer ante la justicia, lo que dejaría a los sobrevivientes sin verdad ni reparación por todo el daño causado.

“Como familia y víctimas de este hecho respetamos las decisiones judiciales, pero rechazamos con contundencia las mismas, ya que han sido años reclamando justicia frente a este caso, y hoy se expone más a seguir en la impunidad”, señalaron a través de un comunicado.

Ellos continuarán esperando que se haga justicia en el caso y se cumpla la condena efectiva por feminicidio, por lo que elevaron un llamado a las organizaciones sociales, a los lideres y defensores de derechos humanos para que los sigan acompañando en los llamados a las autoridades para actuar con diligencia.

La Fiscalía, según dijeron los familiares al diario Vanguardia, apeló la decisión de conceder la libertad del procesado. Sin embargo, lleva cinco años preso sin que la condena esté en firme.

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