La Defensoría del Pueblo adelantó una visita a la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, para impulsar una estrategia que busca la resocialización y la convivencia de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión del país. Carlos Camargo, el líder del organismo de control, estuvo en compañía del exfutbolista Faustino Asprilla, debido a que la estrategia se enfoca en el deporte como un vehículo de paz.
“Adelantamos una visita humanitaria al centro penitenciario y carcelario de Mediana Seguridad de Tuluá para participar de la actividad del ‘Fútbol como estrategia de paz’”, comentó el defensor del Pueblo. También destacó que las personas privadas de la libertad entregaron 20 armas hechizas que fueron intercambiadas por balones, “en una jornada de desarme llena de reconciliación y solidaridad”.
En el evento se adelantó un partido de fútbol 5 entre el equipo de la Defensoría del Pueblo y el equipo del establecimiento carcelario de Tuluá. El encuentro terminó 6 a 5, ganando el organismo de control y del que Camargo realizó dos goles.
“Este tipo de jornadas se vienen adelantando de manera articulada, desde las delegadas para la Política Criminal y Penitenciaria, y para la Protección del Derecho al Deporte, y las diferentes Defensorías Regionales”, precisó la Defensoría del Pueblo en un comunicado de prensa. Además, señalaron como entidad que seguirán trabajando por la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad.
“Seguiremos con nuestras visitas de inspección a los diferentes lugares de reclusión del país y poniendo en conocimiento de las autoridades correspondientes las situaciones que afectan los derechos de esta población”, añadió Carlos Camargo.
“Aprovechamos para reiterar nuestro mensaje de solidaridad tras la tragedia ocurrida el pasado 28 de junio donde 56 personas privadas de la libertad perdieron la vida”, dijo Camargo junto al Tino Asprilla, recordando el incendio en la cárcel de Tuluá originado por una lucha de poder entre los reclusos.
En contexto: Asciende a 56 el número de víctimas mortales del incendio en cárcel de Tuluá
La preocupación de la Defensoría por la crisis humanitaria en las cárceles
La Defensoría del Pueblo, en asociación con la Universidad Externado de Colombia, instaló el pasado lunes 29 de agosto el foro Perspectivas sobre la crisis penitenciaria y carcelaria: retos y soluciones, en el que presentó una serie de propuestas para enfrentar la problemática en las prisiones del país.
“Ante las dimensiones de la crisis penitenciaria y carcelaria del país, es hora de concebir penas alternativas al encarcelamiento que puedan beneficiar a la sociedad”, manifestó Carlos Camargo. Para el funcionario es necesario brindar una oportunidad al infractor de la ley de “retribuir el daño causado y de esa manera eviten su reincidencia”, es decir, que las prisiones sean realmente un lugar de rehabilitación.
El objetivo realmente sería tener un sistema judicial más útil y provechoso tanto para el infractor como para la sociedad. “Es necesaria una política criminal seria y coherente, que dirija sus esfuerzos en considerar al derecho penal como último recurso”, comentó el defensor y señaló que esto permitiría que la solución de los conflictos provengan de políticas sociales.
“Debemos pensar, por ejemplo, en penas relacionadas con trabajo comunitario que permita cambiar el paradigma vengativo de la cárcel por uno basado en aprovechar las condiciones de las personas”, agregó.
En el evento, la Defensoría del Pueblo presentó los datos más actualizados del hacinamiento en las cárceles en Colombia. “Para agosto de 2022 llegó al 177 % en los centros de detención transitoria, con una sobrepoblación total de 14.176 personas”, precisó el órgano de control a través de un comunicado de prensa. Respecto a los establecimientos de reclusión de orden nacional, el hacinamiento llegó al 20 % con 16.297 reclusos.
“Las cifras de hacinamiento no solo reflejan una ausencia de espacio vital, sino que representan verdaderas condiciones de indignidad humana”, puntualizó Camargo. La Defensoría ha evidenciado en más de una ocasión las condiciones precarias del acceso al servicio de salud, las demoras en la impartición de la justicia, el aumento generalizado de penas, la creación de nuevas conductas delictivas y la prohibición de la concesión de beneficios y subrogados.
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