Durante el lunes de esta semana, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, adelantó una visita a La Guajira para verificar la situación de derechos humanos en la que se encuentran las personas privada de la libertad, gestión que desarrolla el Ministerio Público en todo el territorio nacional. En medio de este procedimiento, se logró comprobar las condiciones precarias en las que se encuentran las personas recluidas en la Estación de Policía ‘La 19′, en Riohacha (La Guajira).
“Este departamento cuenta con 17 estaciones de policía que registran un hacinamiento promedio del 233%. Sin embargo, en la Estación de Policía ‘La 19′, en Riohacha, nos encontramos con la situación humanitaria más grave, no solo de La Guajira sino de todo el país, con un hacinamiento que llega al 2.000% en esta estación”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
La difícil situación de hacinamiento que vive esta Estación de Policía puede representar una grave afectación a la salud de las personas que allí se encuentran recluidas, toda vez que con la manifestación de algún brote patológico, podría desencadenar una crisis de salud en las personas que allí se encuentran recluidas.
Así lo señaló el Ministerio Público, quien llamó a las autoridades de saluda a adelantar jornadas de salubridad para prever un posible brote de tuberculosis, o de otras enfermedades que pueden ser causadas por la falta de baterías sanitarias. Este llamado se da en correspondencia a que la defensoría logró determinar que las personas privadas de la libertad hacen sus necesidades fisiológicas en bolsas y botellas.
“Es infrahumana la situación en la que se encuentran las personas privadas de la libertad en la Estación de Policía de Riohacha. Desde la Defensoría dispondremos de un equipo especial de Defensores Públicos y les solicitamos a las autoridades judiciales un plan de descongestión humanitaria para resolver la situación jurídica de los detenidos. Valdría la pena otorgar libertades controladas inmediatas en el marco de lo establecido en nuestra normatividad y garantizando la integridad y el debido proceso”, sostuvo Carlos Camargo.
La Defensoría del Pueblo también extendió el llamado a las autoridades de justicia locales y nacionales para solucionar esta crisis de hacinamiento lo más pronto posible.
De igual manera, el defensor del Pueblo recordó que los centros de detención transitoria están diseñados para que las personas que allí se retienen, no duren más de 36 horas recluidas mientras se resuelve su situación con la justicia. Sin embargo, se logró identificar que un número amplio de personas, incluso condenados, han permanecido detenidas en las Estaciones de Policía por más de 2 años.
“Reiteramos que el cierre de los establecimientos de reclusión a cargo del INPEC por la propagación del COVID-19 conllevó a que la problemática histórica del hacinamiento, que durante décadas había soportado el sistema penitenciario y carcelario, se trasladara a las estaciones de Policía y las URI del país”, sostuvo Carlos Camargo, tras su visita a la Estación ‘La 19′.
Por último, el defensor del Pueblo expresó su preocupación por la ocupación de que unidades de policías, al tener que responsabilizarse por la custodia de las personas privadas en libertad, pueden dejar de lado la seguridad ciudadana, lo que debería ser la ocupación exclusiva de la Fuerza Pública. En este sentido, el Ministerio Público, manifestó que esta situación es una que extralimita las funciones institucionales de los uniformados, por lo que debe ser solucionada de manera urgente.
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