Crisis en Tierradentro, Cauca: CRIC denuncia que desde 2021 han solicitado medidas de protección

Este lunes, el Consejo Regional Indígena del Cauca —CRIC— denunció una grave situación de derechos humanos que se vive en el corregimiento Tierradentro, ubicada en el municipio Páez. A través de un video, muestran la manera en que la población queda encerrada entre el fuego cruzado de los enfrentamientos entre actores armados ilegales, concretamente, la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las extintas Farc.

Ante estos hechos registrados la noche del domingo 4 de septiembre —y que se han vuelto una constante— la alcaldía de Páez y las autoridades ancestrales territoriales Nasa Çxhãçxha rechazaron de manera contundente estos hostigamientos contra la población, afirmando que configuran afectaciones contra los derechos humanos, territoriales, individuales y colectivos de esta comunidad indígena, así como de campesinos y otras comunidades negras que habitan esta región del suroccidente colombiano.

Los hechos ocurrieron entre las 8:50 y las 9:00 de la noche del domingo 4 en medio de un bingo solidario organizado por la gestora social del municipio y que tenía como propósito recaudar fondos para ayudar a la población vulnerable de la región. El CRIC precisa que durante el evento comunal “un grupo armado al margen de la ley, emprende su accionar con armas de largo alcance hacia el Casco Urbano de Belalcázar” dejando varias afectaciones a la infraestructura del pueblo: cuatro viviendas, dos locales comerciales y la ESE —Empresa Social del Estado— de Tierradentro.

Además, fue afectado el Puuz Ya´ja de educación de la Asociación de Autoridades Ancestrales Nasa Çxhãçxha en la infraestructura, equipos de cómputo y en el sistema de agua potable. Además, la organización regional señala que “Se puede presumir que el accionar armado y el comportamiento ofensivo estaba dirigido específicamente a la Estación de Policía de Belalcázar” localizado a escasos 100 metros del sitio donde se realizaba el bingo.

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En ese sentido, y teniendo en cuenta que la situación violenta ha dejado afectaciones psicológicas y emocionales tanto a niños como a mujeres, la autoridad indígena hizo un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos como la ONU, la CIDH y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia —MAPP OEA— “para que hagan seguimiento a través de misiones de verificación, y acciones de observación y recomendación al Gobierno Colombiano”.

En ese sentido, también lanzaron una advertencia a la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que tomen las medidas necesarias en función de la protección de la vida y los derechos de los pueblos étnicos. También responsabilizaron de esta escalada violenta a los grupos armados ilegales y a los gobiernos anteriores “por la falta de garantías en la implementación de los acuerdos de Paz de la Habana y la protección de los derechos individuales y colectivos de las comunidades”.

En esa medida, señalaron que desde abril de 2021 solicitaron medidas de protección de emergencia. “A pesar de una orden trabajo y orden de un juez, las instituciones hacen caso omiso”, señaló el CRIC a través de Twitter; de paso, hicieron un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro, el cual pese a las voluntades de paz mostradas en las últimas semanas, no han sido acogidas por los actores armados.

“No se ve la voluntad política por parte de los grupos armados de buscarle una salida a este tipo de violencia” indicó el CRIC, acentuando en que en zonas de Tierradentro están presentes el ELN y la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las antiguas Farc.

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