Director de la JEP ratificó que las disidencias de las Farc no podrían entrar a la jurisdicción de paz

Luego de la masacre ocurrida en la vereda Corozal, del corregimiento de San Luis, en Neiva (Huila), donde siete policías fueron bombardeados por disidencias de las Farc, el director de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) reiteró que a ese organismo no se podrán acoger quienes traicionaron el acuerdo de paz firmado en 2016 entre la extinta guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos.

En esa línea, el magistrado Eduardo Cifuentes le cerró la puerta a los grupos residuales que, según la Policía, cometieron el atentado que cobró con la vida de los siete uniformados el pasado 3 de septiembre en la zona rural de Neiva. Además, aseguró que quienes han cometido ese tipo de delitos no podrán gozar de las rebajas e indultos que entrega la JEP.

De nuevo, en el caso de la masacre de policías, el togado aseguró que a todos los funcionarios del organismo de paz “les conmueve” y por eso le exigieron a las autoridades, así como al Estado colombiano, para que realicen una investigación exhaustiva que les permita dar con los responsables de estos delitos. “Es importante que el país en este momento rodee a la Fuerza Pública”, afirmó Cifuentes a la cadena radial.

Además, en otros apartes de la entrevista, el magistrado en jefe se refirió de lo que la JEP espera se conozca luego de que los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, revelen en una audiencia que ya se está preparando para conocer nuevos detalles del conflicto armado colombiano: “(...) la investigación tiene que proseguir en estos mismos términos porque lo que se trata es satisfacer los derechos de las víctimas, buscar la mayor verdad, para la sociedad colombiana sobre la base de verdad total”, señaló Cifuentes, a su vez que dio a conocer las ‘condiciones’ que tendrán los hoy extraditados sujetos para que los acepten como se debe en la JEP.

Cabe recordar que la Sala de Apelación del tribunal de paz determinó que los exjefes paramilitares tendrán el último chance de contar toda la verdad que conocen del conflicto armado, incluidos sus vínculos con los altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, para ser acogidos por la JEP.

En el caso de Salvatore Mancuso, exjefe del estado mayor de las AUC y segundo comandante de las Autodefensas Unidas de Córdoba y el Urabá (ACCU), deberá demostrar su condición de “sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública en su condición de bisagra o punto de conexión entre los aparatos militares y paramilitares, en calidad de posible máximo responsable de violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

Por el lado de alias Jorge 40, excomandante del Bloque Norte de las AUC, quien purgó una condena en Estados Unidos y regresó a Colombia en 2020, deberá demostrar que durante el conflicto armado asumió un rol de bisagra o punto de conexión entre esta estructura criminal con importante presencia en la región Caribe y asumió máxima responsabilidad en la comisión de patrones macrociminales con la fuerza pública como comandante paramilitar.

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