Ante situaciones irregulares que se están presentando por parte de personas que solicitan a las víctimas documentación y ofrecen gestión de trámites ante la entidad, el llamado de la Unidad para las Víctimas es a no entregar información de sus procesos a terceros.
La situación ha sido denunciada en los corregimientos de Nueva Colonia, Currulao, Pueblo Bello donde la oferta de trámites proviene de personas que dicen tener vínculo con la entidad.
“Se reitera a la población, que la Unidad para las Víctimas no tiene funcionarios que atiendan en puntos de atención en los corregimientos del distrito de Turbo; únicamente en el área urbana. Igualmente, se invita a cuidar sus datos personales, a no acudir a oficinas ajenas a la Unidad o a eventos citados mediante mensajes, cadenas de WhatsApp o Facebook”, indican desde la Unidad para las Víctimas.
La entidad recuerda que en los diferentes espacios, incluidas las capacitaciones realizadas con Ministerio Público y funcionarios de los municipios, se han venido socializando las diferentes estrategias y canales que la entidad ha establecido para presentar quejas y reportar actos irregulares contra los derechos de las víctimas.
De igual manera, en estos espacios se han dado a conocer las diferentes modalidades de fraude que se viene presentando en la subregión y el resto del país, siendo Antioquia el departamento más afectado.
“En la página de la Unidad podrá realizar sus trámites y solicitudes en el portal Unidad en Línea, así como presentar sus quejas a través del formato de denuncias, desde donde de manera práctica y segura se pueden dar a conocer estos hechos irregulares que, una vez recibidos, se remiten a entes competentes como la fiscalía. El acceso es por grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co”, recordó la Unidad para las Víctimas.
En este sentido, la Mesa de Víctimas de Ocaña denunció que la población afectada por el conflicto está siendo engañada con volantes distribuidos en sectores vulnerables del municipio, donde ofrecen intervenir para iniciar procesos de reparación administrativa.
“Personas desconocidas y tramitadoras están repartiendo volantes donde le manifiestan a las víctimas de la violencia que firmen un poder ante notaría para comenzar la reparación. Les cobran $50 mil para solicitar la reparación judicial por más de $80 millones”, señaló la coordinadora de la Mesa de Víctimas de Ocaña y Norte de Santander, Maritza Pérez.
La representante de las víctimas invitó a la ciudadanía a poner en conocimiento de las autoridades estos casos para iniciar los procesos jurídicos y legales a los que haya lugar y así mismo expresó que esta situación se está evidenciando en otros municipios que conforman la zona del Catatumbo.
Por su parte, la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Johanna Gelvez, reiteró que en esta zona del país se está implementando la campaña antifraude “Que no le echen cuentos” frente a varias alertas que se han tenido sobre casos de tramitadores.
“De acuerdo con la resolución 1049 de 2019, las personas mayores de 68 años, personas en condición de discapacidad, personas con enfermedades huérfanas y catastróficas están priorizadas en la ruta de reparación individual. Recordamos no deben cancelar ningún valor económico a nadie por su indemnización”.
En agosto, la Unidad para las Víctimas alertó sobre una situación similar. Actualmente, en los puntos y centros de atención, se socializa la ruta de reparación y la campaña antifraude.
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