El Gobierno de Gustavo Petro tiene en sus manos la decisión de qué pasará con la Asociación Publico Privada (APP) que construirá el megaproyecto del Canal del Dique. Se espera que en a mediados de septiembre se sepa el futuro de la iniciativa, sin embargo, han sido tantos los problemas con esta que el plazo para emitir una decisión podría extenderse hasta fin de mes.
“Es muy probable que ese plazo se extienda hasta fin de mes para cumplir con el querer de la comunidad. Este Gobierno tiene como elemento fundamental de su actuar el diálogo. Dialogar con la comunidad, dialogar con quienes estarían afectados o beneficiados con el proyecto”, dijo Guillermo Reyes, ministro de Transporte, en entrevista con el diario El Heraldo, este 4 de septiembre.
Durante varios años la comunidad aledaña al Canal del Dique se ha visto afectada por las inundaciones. La más fuerte ocurrió en 2010, cuando el canal se desbordó y dejó a más de 120.000 familias damnificadas en el sur del Atlántico.
Para evitar tragedias como esta, que podrían volver a suceder este año por la segunda ola de invierno, se ha venido discutiendo la adjudicación del contrato para el proyecto “Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique”. Sin embargo, los costos ambientales serian altos, por lo que las comunidades se oponen.
En la entrevista, Reyes aseguró que el problema principal es que los avances que se han hecho acerca del proyecto no se habían consultado las comunidades, especialmente las afrodescendientes, por eso ahora se inició el diálogo. El funcionario informó que ya acordaron encuentros los martes, miércoles y jueves en Barranquilla (Atlántico), Cartagena (Bolívar) y San Onofre (Sucre).
“El propósito es que todos entiendan la necesidad de la megaobra, pero sienten que necesidades de las comunidades no han sido atendidas. Hemos acordado que ellos van a establecer diálogos con los habitantes de esta zona con el fin de establecer los requerimientos, los vamos a condensar. Esperamos que el jueves, que nuestro presidente esté en la zona del canal del Dique, puedan tener unas propuestas, las materializamos y las incorporaremos como una orden para quien sea el adjudicatario de esta concesión”, dijo Reyes.
Cabe anotar que, al involucrar temas medioambientales, el Ministerio de Ambiente también deberá opinar en el avance de la APP. Esta cartera gubernamental debe decidir si se requiere licencia ambiental previa.
En caso de que este documento sí sea necesario, el avance de la APP podría demorarse nueve meses. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ha explicado que la autorización tardaría 90 días hábiles para que los expertos desarrollen las investigaciones pertinentes. Ellos pueden prorrogar el plazo otros 60 días calendario. Esto dependerá si requieren al contratista para presentar información adicional.
“Como resultado de todas estas valoraciones, análisis, visitas de campo, entre otros, se desprende la decisión de aprobación, negación o archivo de dicha licencia”, afirmó la Anla.
Así las cosas, y en el mejor de los escenarios, se prevé que si MinAmbiente ordena la licencia, sería hasta mayo del otro año que se conozca el futuro de esta APP. De hecho, podría tomar más tiempo porque la Anla puede tomarse otros dos o tres meses para citar audiencias públicas.
En el entretanto se hizo claro que no se podrá avanzar en la construcción del megaproyecto. El Congreso de la República será el veedor principal de esta contratación y el pasado 26 de agosto ya creó una comisión accidental con ese objetivo.
Con esta nueva comisión se espera que la comunidad sea escucha y que su voz se represente en la implementación de la infraestructura, que tiene una longitud total de 115,5 km, que abarcan la hidrovía, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.
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