Por posibles anomalías en el proceso de selección de contralores en 15 departamentos de Colombia que debían posesionarse el pasado 1 de enero, la Procuraduría General de la Nación inició 21 acciones disciplinarias, dentro de las que destacan la formulación de un pliego de cargos y 15 indagaciones preliminares.
El Ministerio Público evidenció que durante el proceso de selección se presentaron irregularidades en el incumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los aspirantes, así como presuntas inhabilidades, conflictos de interés y el incumplimiento de los requisitos normativos del concurso, por lo que determinó estas investigaciones disciplinarias.
“La Procuraduría seguirá trabajando para que la provisión de estos cargos cumpla estrictamente la normatividad vigente y se refleje en el nombramiento de los candidatos más idóneos”, señaló el órgano de control, que aclaró que no todos los procesos de selección culminaron en los tiempos previstos con la elección y posesión exitosa de los contralores territoriales.
Asimismo, señaló que se encontraron incumplimientos en el cronograma, y anomalías en la elección de la terna, la contratación de las universidades y en la injerencia de servidores públicos ajenos al proceso de elección, algunas inconsistencias que también se han evidenciado en el proceso de Contralor nacional, el cual enfrentó diferentes polémicas en el Congreso.
Estas actuaciones disciplinarias fueron abiertas por las procuradurías regionales en Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Boyacá, Cesar, San Andrés, Caldas, Caquetá, Valle del Cauca, Risaralda, Cauca, Vaupés, Bolívar, Nariño y Santander.
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La demanda fue presentada por el concejal Diego Cancino y la Corporación Justicia y Democracia porque consideran que Julián Mauricio Ruíz incurrió en conflicto de intereses a lo largo del proceso de elección, incluso antes de ser candidato, que lo habrían beneficiado para obtener esa posición.
Los demandante alegan que Ruíz estaba inhabilitado para ser candidato a contralor distrital, debido a que habría participado como funcionario de la Contraloría General de la República en la formulación de “los términos generales de las convocatorias públicas de selección de contralores territoriales”.
“El señor Ruiz se hizo elegir contralor distrital, participando en la elaboración de los requisitos de los exámenes municipales y departamentales de la Contraloría, como si hubiera hecho el examen que él mismo iba a responder”, sostuvo el concejal Cancino.
Ruíz era desde 2018 director de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, cargo que ocupó hasta 2021 cuando pasó a ser vicecontralor, y para noviembre de 2019 se publicó la Resolución 0728 en la cual se establecieron los términos de convocatorias públicas de selección de los entes de control territoriales, por lo que consideran que pudo tener incidencia en el proceso en el que participó tres años después.
Para los demandantes, el actual contralor distrital habría violado los principios de debido proceso, igualdad e imparcialidad al participar como autoridad y luego como beneficiario de los lineamientos de elección, así como los acusan de “tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto”, del artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que debió señalarse impedido.
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