El pasado martes 30 de agosto, el Gobierno nacional decretó un plazo de 48 horas para que los ocupantes de tierras abandonaran los predios que habían invadido de manera ilegal, con el propósito a garantizar el derecho a la propiedad privada contemplado en la Constitución.
Este anuncio, que se realizó en medio de una rueda de prensa presidida por la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, generó el rechazo por parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que le pidió al Gobierno de Gustavo Petro no deslegitimar las luchas reivindicativas y rechazó que las ocupaciones de los predios se estuvieran llevando a cabo de manera violenta.
“Esto nos llevaría a hacer un recuento histórico para determinar quién es el invasor de estas tierras. No pueden darse a entender de esta forma, más aún, cuando la lucha constante por la reivindicación territorial como pueblos originarios, la sangre de nuestros humanos indígenas ha manchado esta tierra”, se lee en el comunicado emitido por la organización que representa a 139 autoridades indígenas de este territorio al suroccidente del país, la cual sostiene que está recuperando tierras de su propiedad.
En esa oportunidad, el CRIC solicitó al Gobierno nacional que convocara espacios de diálogo y negociación con el fin de buscar una solución al acceso y tenencia de la tierra, uno de los problemas históricos en Colombia, que ha vuelto a tomar relevancia debido a los procesos de ocupación forzosa que están teniendo lugar en zonas rurales por parte de comunidades indígenas y grupos de campesinos.
A su vez, la autoridad indígena señaló que no solo existen comunidades históricas, sino también morales, las cuales debían “llamarse en el marco del respeto y no desdibujarlas como actos invasores para ganar aumento del raiting, y generar actos de disociación y que traten de fragmentar esta propuesta de nuevo país que se espera construir, en el que todos quepamos”.
Tres días después de que la CRIC emitiera el comunicado, se registraron enfrentamientos entre miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y comunidades indígenas en el municipio de Caloto, norte del Cauca, que buscarían, según advirtieron las autoridades, dañar las maquinarias que se encontraban un ingenio azucarero.
Según le confirmó el comandante de la Policía del Cauca, coronel Gustavo Adolfo Martínez, a Semana, el enfrentamiento se agudizó cuando los agentes del ESMAD fueron atacados, supuestamente, con papas bomba y piedras, lo que generó una respuesta por parte de los uniformados, que utilizaron la fuerza para controlar la compleja situación.
Sin embargo, las comunidades indígenas desmintieron que el uso de la fuerza por parte de las autoridades se hubiera presentado como respuesta a sus agresiones, y aclararon que los agentes del ESMAD llegaron hasta la finca Oasis haciendo uso de los gases lacrimógenos y de las tanquetas, por los que, según conoció el medio nacional, terminaron afectados menores y mujeres que hacían presencia en “huertas comunitarias”.
“La Policía Nacional continuará con estos dispositivos en esta zona del norte del Cauca, así como el control de los disturbios que se han presentado entre comunidades afro e indígenas, en municipios como Caloto”, señaló el coronel Martínez a Semana.
Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la denuncia que realizó el CRIC, que denunció que en medio del enfrentamiento, el ESMAD utilizó armas de fuego.
“Bueno, no pasaron 48 horas, ni el ESMAD esta en tercera línea, y utilizan armas de fuego. Inician no desalojos sino ataques a comunidades reclamantes de tierra en Caloto, Cauca, y solo 6 horas después de encuentro con ministros, ¿estamos viendo el lado oscuro? ¿saboteo?”, señaló la autoridad indígena.
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